El pedido generalizado de los y las coordinadoras fue que se les brinden mayores medidas de protección a las vidas de las lideresas y líderes.

En Quibdó, Chocó, los días 19 y 20 de septiembre, se realizó el encuentro de coordinadores de las Mesas Departamentales de Participación Efectiva de Víctimas de todo el país y del exterior.

Durante el espacio, se dialogó sobre la crisis humanitaria de los territorios, la reforma de la Ley 1448 de 2011 y la participación de las víctimas en el Plan Nacional de Desarrollo. Las y los asistentes expusieron por región la situación humanitaria que se presenta en cada uno de los departamentos y destacaron las 248 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde el 2018 a la fecha, en las que advierten a las entidades gubernamentales se tomen acciones que protejan y salvaguarden la vida de las personas ante la crisis actual.

El coordinador de la Mesa de Víctimas de San Andrés Islas y Santa Catalina, Humberto Ariza Vega, señala la petición a las autoridades gubernamentales y, sobre todo, al Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV), sobre “las problemáticas que tenemos en los territorios. Hay unas alertas que no hay que desconocer, sino buscar acciones, porque las violaciones a los derechos humanos continúan; entonces, a partir de un documento vamos a fijar al Estado, al Gobierno, para que miren que los entes de control son claros, recalcando, que se necesitan acciones reales en favor de la población, también en los territorios que se encuentran fronterizos, que sufren el flagelo de la violencia”.

El pedido en general de las y los coordinadores tiene que ver con la protección a las vidas de las lideresas y líderes; solicitan que se incluya al territorio en las acciones que se realizan desde el Gobierno nacional. Aseguran que sigue habiendo la exclusión a nivel general, pero que se evidencia con mayor magnitud en departamentos como Amazonía, Guanía, Vaupés, Guajira y Chocó, que han estado históricamente olvidados. Por ello, indican que se debe hacer una mirada de transformación al país para llegar a una estabilidad social y económica.

“Esperamos que los documentos que salieron de este espacio tengan respuestas afirmativas, que no sean una letra muerta más, sino que sea una letra que nos sirva para el futuro a las víctimas y que realmente seamos incluidos en todos los procesos de paz, de reformas, resoluciones para así nosotros realmente mostrar que hay un Gobierno de Cambio; que hay una implementación de unas políticas públicas, reales hacía nosotras, las víctimas”, afirmó la coordinadora de la Mesa departamental de víctimas de Vichada y del comité ejecutivo de la Mesa Nacional representando el enfoque diferencial de mujer, Blanca Yoli Real Gonzáles.

En los dos días del encuentro también se contó con la participación de las y los delegados de la Unidad para las Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Policía Nacional, la Gobernación del Chocó, la Procuraduría Regional, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.