Atendiendo alertas tempranas por conflictos y amenazas, doce personeros de municipios del Valle del Cauca pidieron este jueves a la Unidad para las Víctimas revisar el protocolo para la conformación de organizaciones de víctimas.

Representantes del Ministerio Público de doce municipios del Valle del Cauca pidieron este jueves a la Unidad para las Víctimas “reglamentar” y  “precisar” los requisitos para la conformación de organizaciones de víctimas, de cara a las elecciones del presente año para la conformación de las Mesas municipales, departamentales y nacionales de víctimas.

En una reunión que sostuvieron este jueves en Trujillo con la directora de la Unidad de Víctimas en el Valle del Cauca, Fabiola Perdomo, los Personeros de San Pedro, Tuluá. Guacarí, Andalucía, Buga, Restrepo, Yotoco, Calima-El Darién, Ginebra, Trujillo, Bugalagrande y Riofrío pidieron hacer la revisión al protocolo antes del cierre de las inscripciones para los comicios, establecida para el 31 de marzo del 2017.

Los personeros pidieron definir en un nuevo protocolo aspectos como el número mínimo de integrantes de cada organización, los tiempos mínimos de constitución de las organizaciones de víctimas y la idoneidad que éstas deben tener en la ejecución de actividades en defensa de las víctimas. Ello, durante el año previo a las elecciones.

Perdomo recibió el pedido y aseguró que “elevará dicha solicitud a nivel nacional, para que puedan hacerse las aclaraciones necesarias y que los procesos se desarrollen de la mejor manera”, según dijo.

En la reunión de Trujillo también participaron varios alcaldes de los municipios  del centro del Valle.

“Varios alcaldes están preocupados porque dicen no tener cómo garantizar aspectos como la vivienda para las víctimas. Ellos aseguran no disponer de los recursos suficientes. Este será un asunto que queremos conversar con el Gobierno Nacional”, añadió la directora departamental de la Unidad.

Durante el encuentro, Perdomo presentó el balance sobre la gestión de la Unidad de Víctimas en el centro del Valle durante el año anterior, lapso durante el cual la entidad entregó recursos por $5.612 millones de pesos correspondientes a indemnizaciones.

“Esta reunión fue de gran importancia porque estamos trabajando con los alcaldes del centro del Valle en la priorización de proyectos para la atención de las víctimas. La idea es que los mandatarios asuman un compromiso directo con esta población”, concluyó Perdomo.

Rubén Darío Benítez, personero de Tuluá, destacó “la actitud de la directora territorial de escuchar nuestras inquietudes y comprometerse a gestionar muchos de los asuntos planteados. También –dijo- hay que poner de manifiesto que se cumplió el compromiso de mejorar el punto de atención de víctimas, donde se recibe a 31.000 personas de Tuluá y su zona de influencia”.

En la actualidad, la Unidad para las Víctimas lleva a cabo en el centro del Valle tres procesos de reparación colectiva: Trujillo-La Sonora (seis veredas); Palmira-Arenillo y Buga-La Habana (siete veredas). Allí se incluye a 899 familias (3.898 personas).