Algunos de los recién elegidos piden fortalecer acciones en retornos y reubicaciones e indemnizaciones, entre otros, para consolidar acciones territoriales a favor de las víctimas.

Delegados recién elegidos en la Mesa Nacional de Participación Efectiva hablaron de lo que serán sus prioridades de trabajo, en el mandato que inician, para la garantizar la atención y asistencia de las víctimas del país.

De acuerdo con Blasney Mosquera, de desplazamiento forzado, “hay un reto enorme frente a la política pública de retornos y reubicaciones y de la restitución de derechos por desplazamiento”.

Para Ludirlena Pérez, del hecho victimizante de violencia sexual, “hay que insistir en que se nos priorice con las indemnizaciones, incluyendo nuestros hijos y trabajar en la política pública en favor de las mujeres y hombres afectados por la violencia sexual”.

“El desafío es descentralizar todas las acciones que vienen del nivel nacional en todos los territorios y sobre todo en los departamentos donde ni siquiera han llegado”, dijo Juan Felipe Valencia de la población LGTBI.  

A juicio de Eucaris Salas, también elegida por la población LGTBI, “la mayor apuesta es lograr que la política pública se implemente en todos los territorios y articular todo con los delegados de cada departamento”. 

Desde la visión de Telemina Barros, elegida por el enfoque de mujer, el trabajo inmediato debe apuntar al beneficio del universo de las víctimas y de las mujeres. También se debe bajar toda la información de atención a las regiones y fomentar capacitación para todas las víctimas”.

Según María Teresa Salas, nueva delegada de la población joven víctima, “hay que impulsar el relevo generacional porque los jóvenes están excluidos de muchos proyectos y lo que hay que buscar es romper esos paradigmas”.

(FIN/AMA/COG)