Los líderes y lideresas reunidos desde ayer en Santa Marta buscan ajustar políticas públicas para víctimas con apoyo del PNUD.

Una capacitación para apoyar las dinámicas de trabajo del Comité Ejecutivo y de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas con los 16 electos por las curules de paz fue la actividad fundamental del plenario en el segundo día de sesión que se cumple en Santa Marta.

El Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) fue el encargado de explicar por más de dos horas el funcionamiento del Congreso, su actividad legislativa y de control político, para que los líderes y lideresas conozcan las rutas para materializar los cambios que ellos consideran necesarios en la política pública de víctimas.

Odórico Guerra, representante del Magdalena, señaló que “lo más importante es la reglamentación al interior de la Cámara de cuáles van a ser las funciones que van a tener estos nuevos representantes, hacia qué comisiones se van a dirigir y de qué temas concretamente se van a ocupar teniendo en cuenta que son sui generis estas circunscripciones”.

Agregó el líder que es importante plantear la reforma a la Ley 1448, que, si bien extendió su periodo en 10 años, no se ha podido concretar qué artículos de esta ley se deben reformar.

“Hay que repensarse el modelo de participación de víctimas, la financiación de la Ley y el trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras que, con la Unidad para las Víctimas, deben ir por el mismo camino para que la reparación integral tenga un mayor impacto para las víctimas en todo el país”, dijo.

Sobre estas bases, los 59 integrantes de la Mesa Nacional se organizaron en la tarde en mesas de trabajo alrededor de cuatro temas que consideran son sustanciales para la presentación de un proyecto de ley: reparación integral, paz, atención y asistencia y coordinación administrativa.

Al espacio también fue invitado Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, quien hizo un balance ante la Mesa Nacional de Participación sobre el seguimiento que ha hecho a la política pública de víctimas, sobre los recursos ejecutados por parte de las entidades territoriales y proyectos destinados a la política pública, especialmente.

(FIN/APG/COG)