En la evaluación de las políticas públicas para víctimas, integrantes de la Mesa de Víctimas de Nariño concluyeron que es necesario impulsar el acceso a educación, ampliar programas de asistencia e insistir en la protección de la vida e integridad de líderes y población víctima del conflicto en el departamento.

El plenario de la Mesa departamental de Víctimas de Nariño, se reunió en Pasto con el objetivo de evaluar la oferta institucional que las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -Sanriv- ejecutan en la región.

Carmen Eliza Olaya, coordinadora de la mesa en Nariño destacó que este ejercicio de seguimiento a la implementación de la política pública de víctimas permitió identificar los avances, los retos y las falencias de la institucionalidad frente a esta población.

“Venimos haciendo ese seguimiento, con base en los compromisos establecidos desde el año anterior con la población víctima, es preocupante el tema de las amenazas, el tema de la vulnerabilidad y seguimos trabajando para brindar garantías a los líderes, a las víctimas y a la población en general”, manifestó.

Para Esteban Orlando Realpe Ortega, representante del enfoque diferencial de jóvenes en la mesa de víctimas de Nariño, es muy importante lograr desde la mesa incidencia efectiva en aspectos como el acceso a la educación superior, la gestión y ejecución de proyectos productivos a cargo de la Gobernación de Nariño, y la inclusión de la población víctima en la oferta institucional, entre otros aspectos.

“En nuestro plan de trabajo convocaremos a las universidades y a la Gobernación de Nariño, para buscar que se aumenten los cupos para el acceso de víctimas a la educación universitaria, puesto que son insuficientes los que hoy se encuentran asignados para nuestra población”, precisó.

Entre el balance presentado por parte de las entidades, desde la Unidad de Restitución de Tierras en Nariño se informó que tras la firma de los acuerdos de paz se ha logrado intervenir con procesos de restitución a 54 de los 64 municipios de Nariño.

Catalina Rosero, coordinadora de la Unidad de restitución de Tierras en el territorio entregó un informe en el que se registra un avance histórico en la región.

“Nosotros tenemos ya el 55 por ciento de las solicitudes de restitución de tierras atendidas, en este año estamos atendiendo más de 1.100 solicitudes, lo que significa que al cierre del 2018 lo que nos restará por atender en los próximos años de vigencia de la ley serán los municipios serán los municipios de la zona del Pacifico, Sanquianga y Telembí que son un gran reto, de nuestra misión, porque sólo en estos municipios se concentra el 30 por ciento de las solicitudes de restitución”, indicó.

Por su parte el comandante del Distrito Militar Número 23, con sede en Pasto, capitán Édgar Alexander Puentes, manifestó que en el territorio “a través de jornadas especiales la entrega gratuita de libretas militares a jóvenes se han entregado hasta el momento 1.500 libretas militares en distintos municipios de Nariño, beneficio que permite a las víctimas acceder a educación superior y también oportunidades laborales”, indicó.

Los integrantes de la Mesa Departamental, concluyeron que el balance es satisfactorio, toda vez que se asumieron nuevos compromisos desde las entidades para optimizar la atención a los sobrevivientes del conflicto.