La Mesa, conformada por 20 personas de casi todos los municipios del departamento, presentó los avances logrados en materia de participación, restablecimiento socioeconómico, educación, equidad de género, reparación integral a las víctimas y representatividad nacional.

Tras dos años realizando actividades de incidencia en la implementación de la política pública de víctimas, la Mesa Departamental de Participación de Víctimas del departamento de Caquetá presentó su informe de rendición de cuentas ante otras víctimas de la región, representantes de la Defensoría, la Personería, la Unidad para las Víctimas y los medios de comunicación.

El informe contiene información tanto cualitativa como cuantitativa relacionada con los resultados obtenidos en lo organizacional, participativo, en la inclusión socioeconómica, con enfoque diferencial de género (hombres, mujeres, LGBTI), étnico (indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales, Rrom, mestizos y blancos), etario (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores), en condiciones de discapacidad.

Entre los logros, el informe destaca los siguientes: fortalecimiento de las capacidades y competencias de líderes y liderezas, gestión y ejecución del proyecto Tren de la Paz en el municipio La Montañita -con recursos de la Unidad de Víctimas, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la administración municipal, con la asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (PIM) y la Defensoría del Pueblo-.

La Mesa logró incidencia en el Comité Territorial de Justicia Transicional, representación en el Consejo Departamental de Planeación e inclusión de propuestas y acciones estratégicas en el Plan de Desarrollo Departamental, entre éstas varias con enfoque diferencial LGBTI, mujer, adulto mayor, condición de discapacidad, indígenas, afrocolombianos.

De igual manera, la Mesa propició el Foro de Propuestas de los candidatos a la Gobernación y su compromiso con las víctimas del conflicto armado, aportó a la formulación y ajuste del Plan de Acción Territorial (PAT), presentó derechos de petición y tutelas ante la Procuraduría General en aras de velar por las garantías de participación de los delegados de la Mesa de Víctimas y organizó el observatorio de monitoreo al cumplimiento del goce efectivo de derechos de las víctimas.

En lo relacionado con el restablecimiento económico, empleo, proyectos productivos, generación de ingresos, los delegados de la Mesa organizaron 15 seminarios de formulación de proyectos y empleabilidad, y presentaron propuestas del orden Departamental y Nacional para incluir en los Planes de Desarrollo Territorial y los Planes de Acción Territorial para las Víctimas. Así mismo, propusieron proyectos enfocados a beneficiar líderes y lideresas de la Mesa departamental y de las Mesas municipales de Florencia, La Montañita, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. 

En materia de educación, los representantes de las víctimas recolectaron información y elaboraron un informe sobre la problemática de la educación en cada uno de los 16 municipios del Caquetá y de esa manera pudieron conocer la oferta educativa y complementaria - alimentos, transporte escolar y otros- en la región.

También, pudieron identificar las razones por las que la población infantil y adolescente no asiste a las instituciones educativas, entre ellas: distancia, vulnerabilidad, riesgos del camino, vinculación al trabajo por encima de la educación.

Durante los dos años de su mandato, la Mesa realizó 10 eventos formativos para fortalecer las capacidades y habilidades de las víctimas en  socialización, relacionamiento, convivencia, comunicación asertiva y valores, y as{i contribuir a su reparación integral.

Además, realizó dos actividades académicas para formar a las víctimas en temas relacionados con derechos humanos, comunicación, minas antipersona (MAP), munición sin estallar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI), reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.

El informe de la Mesa de Participación de Caquetá afirma que se “evidencia el avance en la indemnización económica por vía administrativa a las víctimas”; sin embargo, “pide mayor esfuerzo y agilidad del Gobierno Nacional para dar una cobertura total”.