Los miembros de Fedecomunal fortalecieron su formación como líderes sociales, mediante un convenio entre la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo y la Universidad Francisco de Paula Santander.

Un total de 60 líderes comunales de Cúcuta, que hacen parte del sujeto de reparación colectiva Fedecomunal, fueron certificados en el diplomado sobre Derechos Humanos, Cultura de Paz, Género, Justicia Transicional y Participación Ciudadana.

La ceremonia de clausura y entrega de certificados se llevó a cabo en el hotel Casino Internacional de la ciudad, con la presencia del director (e) de la Unidad en la territorial Norte de Santander y Arauca, Álvaro Vargas Sanabria, del profesional de la Defensoría del Pueblo, Aldemar Niño y la presidenta de la organización comunal, Martha Trinidad Maldonado.

“Lo más importante de esta certificación es que ustedes  ya están más  preparados, tienen las herramientas para incidir en las políticas públicas y en los planes de desarrollo en donde se incluyan estos temas en los que se prepararon y que están relacionados con su trabajo comunal; ese es el impacto que buscan la Unidad y el Gobierno nacional en general”, dijo Vargas Sanabria.

El diplomado empezó en febrero y tuvo una duración 104 horas, de las cuales 62 fueron presenciales, 22 de réplica o trabajo práctico y 22 de trabajo en casa.  Las jornadas presenciales fueron en la Universidad Francisco de Paula Santander, todos los jueves en la tarde y algunos sábados.

“La capacitación, por persona, estaba por el orden de un millón de pesos, pero la alianza entre la Unidad, la Defensoría y la Universidad, permitió que no tuviera costo para nosotros”, manifestó Martha Maldonado, presidenta de Fedecomunal, quien además explicó que esta acción hace parte del Plan Integral de Reparación Colectiva, como medida de garantía de no repetición.

Entre los temas del diplomado estuvieron la Ley de Víctimas en el marco del Acuerdo de Paz, los derechos fundamentales, los retos para la política pública de víctimas del conflicto armado, el marco legal  para la garantía de las personas líderes y defensoras de derechos humanos, la estructura estatal y el control social.