El comité extraordinario abordó, además, temas relacionados con educación, trabajo y predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para proyectos productivos.

El tema de la seguridad de los líderes y lideresas de víctimas, y defensores de derechos humanos en todo el territorio nacional fue puesto nuevamente sobre la mesa de diálogo entre el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas y funcionarios del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP).

A juicio de las víctimas, deben ser revisados cuanto antes temas como: analistas de riesgo no preparados y que no entienden el contexto territorial en el que viven las víctimas en territorio, alcaldes y fuerza pública no idóneos para certificar el grado de amenaza de una víctima, escoltas sin la capacitación suficiente en el trato hacia los protegidos y vehículos no aptos para cumplir cabalmente el proceso de protección, entre otros.

“Los análisis de la seguridad debe hacerse desde los territorios. Necesitamos garantías reales de no repetición y hacer extensivas las medidas de protección a nuestros hijos porque nosotros como líderes nos desplazamos por todo el territorio nacional y el esquema viaja con nosotros”, señaló Adriana Pérez, miembro del Comité Ejecutivo.

Garantías de participación en el Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Medidas (Cerrem) Mujeres fue otra de las inquietudes presentadas por el Comité. “Hay desarticulación entre las entidades encargadas de velar por la seguridad de los líderes y lideresas. Las medidas están fuera de contexto y nuestro riesgo no es sólo en el municipio en el que habitamos sino en todo el territorio Nacional”, señalo Ludirlena Pérez, también integrante del Ejecutivo.

El Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección tomaron nota de estas inquietudes y se comprometieron a reactivar la mesa de género del Cerrem Mujeres, a ofrecer las garantías de participación a las delegadas permanentes ante el Cerrem Mujeres, mientras que la Unidad para las Víctimas asumió el compromiso de capacitar a los escoltas en enfoque diferencial.

El segundo día se sesión del Comité Ejecutivo Extraordinario de la Mesa Nacional de Participación también sirvió para continuar el trabajo de articulación con otras entidades como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la Unidad de Restitución de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), para avanzar en los temas de política pública que requieren las víctimas para su reparación integral.

Con la SAE se socializó la ruta para la entrega de predios para proyectos productivos para víctimas; con la URT, el seguimiento a los compromisos institucionales en el marco del diálogo por lo fundamental con los representantes de la Mesa de Participación, y con los Ministerios de Educación y de Trabajo, los temas relacionados con estas carteras.

Precisamente, los avances en política pública en cada uno de sus componentes, y por hechos victimizantes y enfoques diferenciales, serán los ejes del plan de trabajo de la Mesa, el cual sigue siendo concertado con la Unidad para las Víctimas.

“Este plan que acompañaremos técnicamente también responderá a los lineamientos del Conpes 4031 para que se demuestre la incidencia de las víctimas luego de su quehacer participativo en los niveles municipal, departamental y nacional”, dijo la directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad para las Víctimas, Aura Helena Acevedo.

(APG/COG)