Los 19 veedores se reunieron por tercera vez en Bogotá para verificar el trámite de las 2.493 propuestas recogidas en los amplios procesos de participación llevados a cabo en todo el país.

Con toda la intencionalidad de trabajar en conjunto con la Unidad para las Víctimas y empezar a entender posibilidades y dificultades, y pensar estratégicamente, los 19 veedores del Proceso Amplio de Participación -que hace parte de la implementación del Acuerdo para la Terminación del Conflicto- se reunieron por tercera vez en Bogotá para continuar con el seguimiento a las 2.493 propuestas recogidas en todo el país.

Estas propuestas están relacionadas con ajustes en la política pública para víctimas en temas como reparación colectiva, retornos y reubicaciones y apoyo psicosocial, además de participación, connacionales en el exterior, y fortalecimiento de enfoques diferenciales y grupos étnicos.

Sebastián Romero, del equipo de Reparación Colectiva de la Unidad, presentó el avance sobre este tema de acuerdo con las propuestas recogidas en los 33 encuentros subregionales organizados en todo el país, y en los que participaron académicos, víctimas no organizadas, expertos, funcionarios y víctimas organizadas.

Los ajustes propuestos también se sustentaron en lecciones aprendidas, luego de cinco años de implementación de la política; retroalimentación de las víctimas y recomendaciones en la implementación de los programas de reparación integral; evaluaciones de las consultorías (Harvard, DNP, entre otras); y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.

En ese sentido, el fortalecimiento se direcciona hacia la clasificación y alcance de los colectivos de víctimas, la caracterización de los daños, los planes integrales de reparación colectiva, y el fortalecimiento de los equipos territoriales, entre otros.

“Esta fue una gran oportunidad para avanzar” dijo Ana María Almario, subdirectora de Participación de la Unidad para las Víctimas, a la vez que hizo un balance positivo de la jornada. “Ya tenemos la ruta metodológica para revisar los ajustes normativos como resultado de las propuestas del Proceso Amplio Participativo”.