Los mandatarios de Putumayo, Huila y Arauca coincidieron en su apoyo a la población víctima de sus regiones en el IV Diálogo por lo Fundamental realizado en la capital del país.

Los gobernadores de Putumayo, Arauca y Huila junto con el alto consejero para las víctimas de Bogotá coincidieron en aprobar las jornadas de Diálogo por lo Fundamental realizadas en Bogotá y revalidar su respaldo a las víctimas en sus territorios. 

Según Álvaro Granja Buchellí, gobernador (e) de Putumayo, su administración está comprometida con las víctimas y por ello se trabaja para que tengan bienestar de vida en cada una de las regiones en donde residen. 

A su juicio, las víctimas en su departamento se apoyan con base en lo incluido en el Plan de Desarrollo y teniendo en cuenta “su inclusión en temas como educación, proyectos productivos piscícolas o agrícolas para el emprendimiento”.

A su turno, Carlos Cuéllar, gobernador (e) del Huila, destacó que con las mesas de las víctimas de carácter nacional se llegó a importantes acuerdos, a unas agendas de trabajo conjunto. 

“Hay que decir que en el Huila ya hemos venido trabajando de manera articulada con las víctimas y hemos direccionado tanto nuestro Plan de Desarrollo como las acciones estratégicas del departamento, garantizando recursos que permitirán reducir la brecha en este importante grupo poblacional y garantizar sus derechos”.

De acuerdo con Facundo Castillo, gobernador de Arauca, el compromiso con las víctimas es total desde su despacho, y subrayó que la articulación entre las víctimas y las entidades territoriales es esencial para ayudar a superar las dificultades que tienen. El mandatario advirtió que un problema que existe es que no hay recursos disponibles para apoyar a esa población de una mejor manera.

A su turno, Vladimir Rodríguez, alto consejero para las Víctimas en Bogotá, dijo que el encuentro por lo fundamental fue una jornada de trabajo muy provechosa en la que se identificaron las necesidades de orden nacional para ser más eficientes en la implementación de la política pública de víctimas.

FIN/AMA/COG