El director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara, reiteró el compromiso con las víctimas del conflicto armado para mejorar el proceso de reparación integral.

Los 19 veedores del proceso amplio de participación se reunieron por primera vez para evaluar el avance que han tenido las casi 2.600 propuestas presentadas por víctimas, académicos, funcionarios de todos los niveles y expertos para fortalecer la política de atención y reparación integral a las víctimas.

“Este espacio de veeduría es para que las víctimas de todo el país estén tranquilas, porque vamos a hacerle seguimiento a las propuestas presentadas en el Proceso Amplio de Participación y a trabajar mancomunadamente con el Gobierno y las Instituciones para afianzar la participación y garantizar que se cumplan los derechos de las víctimas”, aseguró Blanca Rodríguez Peña.

La mujer, oriunda del departamento del Meta e integrante de la Organización de Mujeres Acacireñas Víctimas, resumió el objetivo principal de la veeduría que convocó el lunes 8 de mayo a 19 veedores elegidos el pasado 26 de abril en Bogotá durante el Gran Encuentro Nacional del Proceso Amplio de Participación.

En esa ocasión, participaron más de 800 víctimas del conflicto armado, quienes deliberaron en 33 encuentros subregionales organizados en todo el país.

Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas, y Viviana Ferro, subdirectora de la entidad, acompañaron el proceso que tendrá dos nuevos encuentros para determinar cuál es el destino de las propuestas, qué se incluirá en las modificaciones a la Ley 1448, ajustes normativos generales y política sectorial.

“Queremos reiterar el compromiso de la institucionalidad para mejorar el proceso de reparación a las víctimas. Tenemos toda la disposición para valorar las propuestas”, señaló Jara.

Así mismo, la subdirectora de Participación, Ana María Almario, señaló que es la primera vez que se crea un espacio de veeduría como este para generar la incidencia requerida. “Es una oportunidad que nos trae la paz”, destacó.

En el mismo sentido, Alberto Vidal Mina, del departamento del Cauca y miembro de la Mesa Nacional de Víctimas por el enfoque diferencial de jóvenes, señaló que la veeduría abre la posibilidad para que efectivamente se hagan ajustes normativos aunque –admitió- existen preocupaciones.

“Los tiempos son cortos para hacer un ejercicio juicioso que responda al espíritu de lo conversado en el Proceso Amplio de Participación. Sin embargo, esperamos que la Comisión entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), respeten las propuestas de las víctimas para ser reparadas”, señaló.

La veeduría nació en el marco del proceso efectivo de participación de víctimas y sus organizaciones, contemplado en el Acuerdo General de La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC (punto 5.1.3.7.), que busca generar propuestas de ajuste, fortalecimiento y articulación a la Política Pública de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y que integra víctimas existentes, ampliada y fortalecida mediante la participación de otras víctimas y organizaciones de víctimas y de derechos humanos.