Las víctimas del departamento de Antioquia concertaron un plan de incidencia en políticas públicas para gestionar que el próximo Gobierno Departamental y los nuevos alcaldes que sean elegidos prioricen a esta población en sus Planes de Desarrollo y de Acción Territorial (2016-2019), con el fin de mejorar la reparación integral y la restitución de tierras.

Las víctimas del departamento de Antioquia concertaron un plan de incidencia en políticas públicas para gestionar que el próximo Gobierno Departamental y los nuevos alcaldes que sean elegidos prioricen a esta población en sus Planes de Desarrollo y de Acción Territorial (2016-2019), con el fin de mejorar la reparación integral y la restitución de tierras.

El documento, aprobado por los 23 representantes de todas las regiones que integran la Mesa Departamental de Víctimas, con acompañamiento de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Gobernación de Antioquia y ACR, será entregado a los dirigentes que resulten elegidos en las próximas elecciones del 25 de octubre.

Los representantes de la población afectada por el conflicto priorizaron en este plan sus propuestas para fortalecer los proyectos de vivienda para los desplazados, los  productivos y la empleabilidad, agilizar la restitución de tierras, la atención humanitaria y los servicios de salud y educación.

Según Farid Alberto Usme, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas en Antioquia, destacó que este documento de incidencia política es un logro del fortalecimiento de la participación de la población víctima por la que trabajan con la Unidad de Atención y Reparación para “tener peso en los espacios de decisión de las políticas que nos afectan”.

Agrega que tras nueve encuentros subregionales durante septiembre, concluyeron que los próximos Gobernador y alcaldes municipales “deben comprometerse más desde sus Planes de Desarrollo para avanzar en la reparación integral a víctimas que tiene logros en muchos frentes, pero también falencias como en el caso de la vivienda, debido a la falta de articulación entre los gobiernos Nacional, la Gobernación y las alcaldías”.

Agregó que “cada representante de la Mesa de Víctimas tiene la misión de socializar el plan de incidencia en sus regiones con los nuevos alcaldes que resulten elegidos, porque necesitamos que entiendan que Antioquia es el departamento con más víctimas, más de un millón de personas, que requieren mejor atención y eso se logra con más voluntad política y articulación interinstitucional”.

Las propuestas para reparar más y mejor

Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para la Reparación a Víctimas en Antioquia, destacó como un logro el documento de incidencia en política pública porque “es la voz de las víctimas de la región producto del empoderamiento que trabajamos con ellas y del análisis de sus necesidades para incidir en las decisiones, en este caso en los Planes de Desarrollo de los próximos alcaldes y  gobernador, que por Ley deben tener en cuenta esta representación legal. Y lo que vemos es su interés de superar el asistencialismo que no les permite el desarrollo y por eso apuestan a soluciones duraderas como la generación de ingresos, la  vivienda, la educación superior y así superar condiciones de vulnerabilidad”.

Por eso en el caso de los desplazados las propuestas se orientan a “fortalecer los proyectos productivos y materializar la capacitación para el empleo que se da con capital semilla tanto individual como los asociativos. También solicitamos se exonere a los víctimas del pago de impuesto predial hasta que se restituya tierras y estabilicen económicamente”, explicó Dioselina Parra, procedente de Támesis y delegada de las víctimas de la subregión del Suroeste antioqueño.

La salud y la educación también son prioritarias y por eso piden a los próximos gobernantes la dotación de puestos de salud en las zonas rurales más alejadas, donde hay ausencia de personal médico “y vive mucha población víctima, pero también es necesidad de la población en general”, señala la líder del Suroeste.

En cuanto a la educación, Dioselina Parra reconoce que hay más acceso a educación primaria, secundaria y la educación superior, y proponen “mejorar con becas que incluyan recursos para el sostenimiento de los jóvenes que deben irse a vivir a los municipios para estudiar”.

Sobre la restitución de tierras, Farid Alberto Usme reitera que el proceso de recuperar los predios despojados “avanza muy lento y debe agilizarse y para ellos se deben aplicar más mecanismos de restitución por vía administrativa que judicial, como ocurre hoy. También reforzar la formalización de la propiedad rural”.

Otros temas plasmados en el documento de incidencia política son el apoyo a los proyectos de memoria histórica, de reintegración de los desmovilizados, reconciliación y reconstrucción del tejido social en las zonas afectadas por el conflicto armado.

Para facilitar que se concreten los planes de reparación, las víctimas insisten en mayor representación en los Comités de Justicia Transicional y Concejos Municipales.