En relación con una información que circuló en el departamento de Nariño, la Unidad para las Víctimas se permite realizar varias precisiones.

A propósito de las denuncias conocidas ayer en el departamento de Nariño, referidas a presuntas irregularidades frente a la entrega de las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas solicita que se pongan en conocimiento de las autoridades judiciales y administrativas competentes, para que éstas verifiquen la veracidad de las mismas e impongan, si ello es procedente, las sanciones correspondientes, para lo cual, tales autoridades contarán con la colaboración y apoyo irrestricto de la Unidad para las Víctimas.

La Unidad para las Víctimas fortalece permanentemente los lineamientos de gerencia pública existentes en el ordenamiento jurídico tendientes a prevenir y denunciar cualquier acto de corrupción, especialmente tratándose de recursos públicos que con un relevante esfuerzo fiscal ha destinado el Gobierno Nacional. Esto adquiere mayor relevancia cuando éstos tienen como destinataria la población víctima del conflicto armado, es decir, sujetos de especial protección constitucional que requieren, además de la solidaridad de la sociedad en general, del adecuado y óptimo manejo de dichos recursos, según la normativa que los regula.

Es por esta razón que la Unidad para las Víctimas exige la aplicación estricta e inmediata de los referidos lineamientos so pena de impartir y exigir ajustes institucionales, tanto en el nivel nacional como en el orden territorial e incluso, con miras a garantizar el correcto uso de los recursos destinados a la población víctima del conflicto armado, cuando ello ha sido pertinente, ha sido la propia Entidad la que de manera decidida y con el apoyo permanente de la Fiscalía General de la Nación ha presentado las respectivas denuncias penales.

Una de las principales premisas de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos Ley recae en generar confianza en las víctimas frente al trámite directo de las diferentes medidas previstas, es decir, no se requiere de intermediarios y los trámites institucionales son gratuitos. Con el apoyo de las víctimas se avanza positivamente en la desarticulación de bandas delincuenciales dedicadas a engañar a las víctimas con falsas promesas y defraudando al Estado, como son públicas las capturas adelantadas en el departamento de Antioquia donde, se reitera, la denuncia y colaboración de las víctimas ha sido determinante.

Finalmente, respecto de la entrega de la medida de indemnización administrativa, objeto de expresa preocupación parte de las víctimas, resulta relevante reiterar que la referida normativa consagra los principios de gradualidad, progresividad y sostenibilidad fiscal que debe tenerse en cuenta, es decir, no es posible entregar simultáneamente la indemnización a todas las víctimas. En ese sentido, conforme a la especial circunstancia en que se encuentre determinada víctima, podrá priorizarse la indemnización administrativa, por ejemplo a aquellas con enfermedades catastróficas, aquellas que tengan algún tipo de discapacidad o que haya sufrido lesiones permanentes, entre otras, según lo dispuesto en la Resolución 090 de 2015.