Tras la elaboración de un documento de incidencia política por parte de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, una alianza de varias instituciones se propone asesorar a los nuevos alcaldes y al gobernador de Antioquia para mejorar la reparación a las víctimas y propiciar los escenarios de posconflicto en la región.

Tras la elaboración de un documento de incidencia política por parte de la Mesa Departamental de Víctimas de Antioquia, una alianza de varias instituciones se propone asesorar a los nuevos alcaldes y al gobernador de Antioquia para mejorar la reparación a las víctimas y propiciar los escenarios de posconflicto en la región.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Gobernación de Antioquia y la Defensoría del Pueblo acordaron un plan para incidir en la formulación de  los próximos planes de desarrollo y los planes de acción territorial para que, de una forma integral, viable y técnica, se garanticen las estrategias de atención y reparación a víctimas, restitución de tierras, reintegración social de desmovilizados, reconciliación y no repetición de la violencia.

Los directores regionales de estas instituciones concluyeron la necesidad de brindar al gobernador y los alcaldes recién electos, así como a sus equipos de trabajo, asesoría técnica e información confiable de programas de impacto para que “sus planes de desarrollo incluyan los programas que las víctimas requieren, según su propia visión y les asignen el presupuesto adecuado”.

Para Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, la incidencia política a favor de la población vulnerable debe darse en “este momento histórico y la mejor forma es comprometer a los nuevos gobernantes con una estrategia conjunta y un insumo logrado gracias a una articulación interinstitucional, para  empoderar las mesas de víctimas y sistematizar las propuestas y necesidades de las víctimas de todas las subregiones”.

Este insumo, que se espera sea incluido en la confección de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, es el documento de incidencia política formulado y aprobado por los 23 representantes que conforman la Mesa Departamental de Víctimas, elaborado tras nueve encuentros subregionales con esta población y sus organizaciones en terreno.

En este documento de política pública priorizaron sus propuestas y recomendaron programas para fortalecer los proyectos de vivienda para los desplazados, los proyectos productivos y la empleabilidad, agilizar la restitución de tierras, la atención humanitaria y los servicios de salud y educación.

Otros temas plasmados en el documento de incidencia política son el apoyo a los proyectos de memoria histórica, de reintegración de los desmovilizados como garantía de no repetición, la reconciliación y reconstrucción del tejido social en las zonas afectadas por el conflicto armado.

Según Gloria Elena Blandón Velásquez, defensora regional del Pueblo, con el proceso de las mesas de víctimas, “hemos visualizado en terreno los logros y falencias para atender y reparar a la población afectada por el conflicto, ya que aprendimos que una cosa es lo que diga la norma y otra la realidad para concertar y ejecutar los proyectos con las comunidades y las entidades territoriales. Ahora buscamos que el nuevo gobernador y todos los alcaldes conozcan esta experiencia piloto, la primera en el país para esta acción interinstitucional. Planeamos decirles: esto es lo que hemos visto las instituciones en terreno, esto es lo que necesitan y reclaman y podemos orientarlos para que  lo consideren en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial”. 

Paola Cadavid, directora de la Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia, concluyó que “es importante articularnos desde las institucionales nacionales y regionales, porque las evaluaciones a la reparación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras indican que la población no debe recibir ofertas y atención fragmentada”. La funcionaria añadió que “esta alianza es una apuesta importante de unas instituciones que maduramos y aprendimos sobre estos procesos en los últimos años”.  

Por su parte, Juan Fernando Vélez, coordinador regional de la Agencia Colombiana para la Reintegración, consideró que “está comprobado por la experiencia en los procesos de reparación y reintegración social (de desmovilizados) que si tenemos estrategias conjuntas se logra un mayor impacto y esta alianza en Antioquia es un ejemplo a nivel nacional para la incidencia en políticas públicas”.