En el marco de la reparación comunitaria que se adelanta en los municipios de Hato Corozal, Monterrey y Orocué, se entregó mobiliario para uso de las víctimas por un valor aproximado a los $90 millones.

Recientemente en el departamento de Casanare se han desarrollado varias actividades en la etapa de formulación e implementación de los 17 planes de retornos y reubicaciones con los que actualmente se busca la reparación integral de las víctimas por el hecho de desplazamiento forzado. 

Desde la etapa de formulación, se llevó a cabo la aprobación del plan de retorno y reubicación con el cual se buscará la reparación integral de la comunidad Forjando Caminos de Esperanza, en el municipio de Hato Corozal. 

Este paso se dio en el marco del comité de justicia transicional realizado en días pasados en ese municipio, donde  los voceros de esta organización sin ánimo de lucro dijeron que el cierre de esta etapa de formulación es el resultado de un trabajo conjunto que les tomó casi todo un año de diálogos comunitarios y otros espacios de análisis y revisión,  en los que se identificaron esas acciones que demanda la comunidad para superar la situación de vulnerabilidad de los afectados por el conflicto armado. 

Por otro lado, en el municipio de Monterrey se efectuó la entrega de dotación mobiliaria para el centro de salud, siendo esta una de las acciones acordadas. 

Allí se contó con el acompañamiento de la organización Huellas de Esperanza, alcaldía y funcionarios del puesto de salud.            

En el plan de retorno y reubicación que se adelanta con la Asociación de Víctimas de Orocué (Asovioro), la comunidad también recibió mobiliario para el centro de desarrollo infantil. 

La inversión total de estas tres entregas de implementos es de aproximadamente $90 millones y consistió en sillas, escritorios, vitrinas y demás elementos necesarios para la operación básica de estos lugares.                                      

En el departamento de Casanare se adelantan 17 planes de este tipo, que reflejan la decisión de la población víctima de desplazamiento forzado de retornar, reubicarse o integrarse localmente bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad contemplados en la resolución 3320 de 2019.