Así lo indicó Vladimir Martin, director (e) de la entidad, en la sesión descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara. También anunció la reapertura del CRAV de Quibdó en septiembre.

Vladimir Martin, director (e) de la Unidad para las Víctimas, dijo durante la sesión de la Cámara realizada en Quibdó que la entidad, como principal actor humanitario del país, durante el 2021 ha atendido por emergencias de desplazamiento forzado y confinamiento a 2.000 familias de ese  departamento, con una inversión cercana a los $1.000 millones en atención humanitaria.

Ante la Comisión Segunda, puso de presente que “el día de hoy estamos entregando en el Bajo Baudó 46 toneladas de atención humanitaria; el fin de semana en el Bajo San Juan, estaremos entregando atención humanitaria para 100 familias, atendiendo sus necesidades por situaciones de emergencia y lo mismo haremos en Lloró donde llegarán 3 toneladas de atención humanitaria”, subrayó.

El director (e) de la Unidad también anunció que en términos de reactivación económica en los próximos días se entregarán en el departamento más de 570 indemnizaciones que van a beneficiar a 570 familias.

Adicionalmente anunció que el próximo 21 de septiembre será la reapertura del Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV) en Quibdó para que las víctimas tengan atención presencial y que en octubre también se hará entrega de 86 esquemas especiales de acompañamiento que beneficiarán a familias retornadas y reubicadas en 20 municipios de Chocó.

Finalmente, el funcionario invitó a los alcaldes, al gobernador y a las demás autoridades de Chocó para que sigan apoyando los procesos de elección de las mesas municipales, departamentales y la nacional de participación que se realizarán entre octubre y diciembre próximos.

La sesión descentralizada de la Comisión Segunda de la Cámara en Quibdó contó con la presencia de Diego Molano, ministro de Defensa, y delegados de los ministerios de Vivienda, Justicia y del Interior, así como del ICBF, la Unidad Nacional de Protección, Migración Colombia, la Contraloría General, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades.  

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