La Unidad para las Víctimas y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), proporcionaron dispositivos electrónicos con el fin de fortalecer la atención a la población de esta zona.

La Unidad para las Víctimas, a través de un proceso de articulación con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), entregó elementos tecnológicos a las personerías como secretarías técnicas de las mesas de víctimas de los municipios de Santa Bárbara, Francisco Pizarro, Mosquera, El Charco, La Tola, Olaya Herrera y próximamente Tumaco.

Esta entrega de elementos como escáner, pad de firma digital, videobeam, telón y 10 tabletas se realizó a través de los plenarios municipales, en los que de manera virtual, acompañaron las entidades a las mesas de participación. 

William Pinzón Fernández, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Nariño, dijo que “es muy importante esta articulación con FUPAD, a través de la cual podemos aportar a la conectividad que se requiere en estos momentos de pandemia, sabemos que estos elementos permitirán el fortalecimiento al Ministerio Público, agilizando los procesos de atención a víctimas a través de la toma en línea de las declaraciones y, además, se brindarán garantías de participación”.

Por su parte, María Victoria Campo Daza, coordinadora Regional Nariño de la FUPAD, indicó: “Agradezco a la Unidad para las Víctimas, a William Pinzón como director territorial y a su equipo de trabajo, por su compromiso, esfuerzo y dedicación en pro de las víctimas. En este tiempo hemos podido trabajar de manera conjunta porque se demuestra el interés por brindarles mejores oportunidades a estos municipios de la Costa, y con esta pandemia, se hacía urgente, complementar las herramientas, fortalecer los insumos para brindar un trabajo oportuno”.

Además, con el ánimo de dar continuidad a este fortalecimiento, se realizarán capacitaciones de Asistencia Técnica para diligenciar el Reporte Unificado del sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial (RUSICST), el cual permite fortalecer la capacidad institucional de las entidades territoriales mediante la divulgación de la política pública, la identificación de las falencias institucionales y la propuesta e implementación de un plan de mejoramiento que le permita avanzar gradualmente hacia la garantía de derechos de la población víctima. 

(Fin/LNB/CMC/LMY)