Para el 11 de abril la Alcaldía de Medellín citará a las autoridades de los municipios de origen de los desplazados que llegan a la capital antioqueña para tomar medidas de atención y prevención.

Como apoyo subsidiario en la asistencia a los habitantes de Cáceres afectados por los desplazamientos forzados este año, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas entregó este jueves ayuda humanitaria inmediata a 404 familias.

Estos grupos recibieron giros para reclamar dineros por valor de 418 millones de pesos, que complementa la primera entrega a otras 203 familias del primer desplazamiento masivo ocurrido en enero en Cáceres y otras 28 de la vereda La Ciénaga, en Ituango.

 “Con esta ayuda humanitaria se pretende garantizar que esta población se mantenga en su territorio en condiciones dignas e incluye a familias que ya regresaron a veredas San Francisco, Tacuyarca, Anará y El Astillero, además de algunas otras que permanecen albergadas en la zona urbana”, explicó Jorge Mario Alzate Maldonado, director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia.

Agregó que en dos semanas recibirán este mismo apoyo económico 77 familias compuestas por 278 personas que habitan en veredas de Tarazá, pero trabajaban en zonas rurales de Cáceres, de donde fueron expulsadas por amenazas de grupos armados ilegales.

 “En total, al finalizar este mes, la Unidad para la Reparación a las Víctimas habrá invertido 846 millones 766 mil pesos como apoyo subsidiario a estos municipios para atender estas emergencias”, indicó Alzate Maldonado.

Atención a desplazados en Medellín

El director de la entidad también participó en Medellín de un comité de justicia transicional presidido por el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al que asistieron representantes de la Alcaldía de Medellín, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, la Policía, ACNUR (agencia de la ONU para los refugiados) y la alcaldesa de Tarazá.

En la reunión se analizó la problemática de los desplazamientos forzados y otros hechos de violencia ocurridos en el Bajo Cauca y Norte de Antioquia este año por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales (Clan del Golfo, ELN, disidencias de las FARC), por la disputa de rentas ilegales y zonas de cultivos ilícitos.

Además de garantizar la seguridad por parte de la fuerza pública, el Gobernador de Antioquia concluyó la necesidad de articular los esfuerzos y recursos del Gobierno Nacional y las entidades territoriales para prevenir más desplazamientos con planes de contingencia y coordinar acciones para el retorno de los desplazados.

El director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas se sumó a las voces de alerta por el aumento de los desplazamientos de población, no solo en las regiones del Norte y Bajo Cauca, sino hacía Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Alzate informó que “este año las declaraciones de desplazamiento forzado ocurridos en Caucasia, Tarazá, Cáceres e Ituango y El Bagre, tanto “masivos como gota a gota, alcanzan los 1.373 hogares compuestos por 4.352 personas”. De estos, son 573 familias que han llegado a Medellín, Bello e Itagüí.

Sobre esta situación, el director territorial respondió que la entidad brindará apoyo subsidiario a la Alcaldía de Medellín para atender a 1.154 personas que, hasta ahora, han llegado desplazadas a la capital antioqueña como consecuencia de los enfrentamientos armados, homicidios, amenazas, entre otros hechos denunciados.

Para el 11 de abril la Alcaldía de Medellín citará a las autoridades de los municipios de origen de los desplazados que llegan a Medellín para tomar medidas de atención y prevención.