Adquisición de un predio para la reubicación de las comunidades del cabildo indígena de Membrillal, primer paso para resolver la problemática de desalojo y poner en marcha el plan de reubicación para la atención integral por parte de la Unidad para las Victimas, a través de la dirección territorial en Bolívar.

Una orden judicial de desalojo a las familias del cabildo menor indígena Zenú de Membrillal, zona rural de Cartagena de Indias, direccionó los esfuerzos de las entidades municipales y territoriales para avanzar, de forma coordinada,  en el proceso de atención con la adquisición de un nuevo predio y la activación de la oferta institucional, siendo estos sujetos de especial protección.

Luisa Margarita Gil, coordinadora nacional Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas, quien presidió la reunión, fue enfática en manifestar la importancia de actuar de manera inmediata para garantizar los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad que permitan reubicar, de manera efectiva, a la comunidad étnica. “Adelantamos un trabajo técnico con las comunidades que ya han definido que no necesariamente su permanencia sea en Membrillal, sino en un lugar que le presente condiciones similares a donde están actualmente y eso facilita que el proceso de reubicación pueda darse prontamente”, señaló.

“Esperamos que todas las entidades articulen acciones afirmativas para el proceso de reubicación y las garantías de los derechos integrales de nuestra población indígena víctima del conflicto en Cartagena”, indicó Roger Suarez, capitán del cabildo indígena Zenú de Membrillal, tras la reunión sostenida con las entidades encargadas de la atención a estas comunidades.

Compromisos de las entidades

Se definieron compromisos importantes por parte de las entidades, en primer lugar una comunicación al Juzgado Primero Civil Municipal de Cartagena donde se le informe la situación del cabildo indígena.

“Es una población de especial protección constitucional, por ser víctimas del conflicto armado, por ser comunidad étnico y además tenemos niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y mujeres en situación de embarazo, que hace supremamente riesgoso el cumplimiento inmediato de la orden de desalojo”, manifestó Luisa Gil.

En segundo lugar, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar se comprometen con la búsqueda del predio para la reubicación, esto incluyen los baldíos que tengan en su inventario para ser ofertados a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“Como coordinadores del sistema, después de adquirido el predio, formularemos el Plan de Reubicación, con el concurso de todas las entidades, lo que traerá compromisos importantes en tiempo, presupuesto y acciones de acuerdo con las competencias de cada una”, dijo la directora territorial de la Unidad en Bolívar, Miledy Galeano Paz.

A la fecha se han entregado, a estas comunidades, 214 millones de pesos en ayudas humanitarias, por parte de la Unidad para las Víctimas.

La reunión contó con la asistencia del Defensor del Pueblo de Bolívar, Roberto Vélez, delegados de la Agencia Nacional de Tierras, Gobernación de Bolívar, Alcaldía de Cartagena, Procuraduría Provincial, Personería de Cartagena y representantes del cabildo menor indígena Zenú de Mambrillal.