La Unidad para las Víctimas acompaña el proceso de retorno y reubicación de 55 familias campesinas de la vereda El Toco, municipio de San Diego, en Cesar. El caso fue considerado emblemático por el gobierno nacional tras la aprobación en 2011 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

La construcción de una vivienda rural, un aula escolar y un pozo profundo para el agua, son parte de las acciones para las que destinaron recursos varias entidades estatales, en desarrollo de una sentencia judicial relacionada con dos familias de las 55 que habitaban la vereda El Toco, del municipio San Diego, departamento de Cesar, antes de que se desplazaran a otras partes como consecuencia del conflicto armado en la región.

Así lo manifestaron representantes del Banco Agrario, la Unidad de Restitución de Tierras, la Gobernación de Cesar, la Alcaldía de San Diego, entre otras entidades públicas, durante la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, para revisar el cumplimiento de lo ordenado por la sentencia judicial proferida el 8 de febrero de 2013, en el caso de Robinson José De La Cruz Salcedo y Juan Manuel Rodríguez Rodríguez, y sus familias, desplazados de El Toco.

La Unidad para las Víctimas estuvo presente en la audiencia, cumpliendo con el papel de acompañamiento de las víctimas de esa zona y como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).

El caso de El Toco fue considerado emblemático por el gobierno nacional tras ser expedida la Ley  de Víctimas y Restitución de Tierras (1448 de 2011).  Los pobladores de esa vereda sufrieron tres desplazamientos consecutivos y fueron despojados de sus tierras como consecuencia de las acciones de paramilitares en la región.

Ante la Unidad, la comunidad de El Toco aún no está registrada como sujeto de reparación colectiva porque según las normas relacionadas con estos procesos se requieren por lo menos 10  familias retornadas a la vereda, con fallo de restitución de tierras, y hasta ahora hay dos, de acuerdo con lo explicado por Esther Cristina Canales, profesional de retornos y reubicaciones de la dirección territorial de la Unidad para las Víctimas en Cesar.

En respuesta a las preguntas del juez primero, Camilo Manriquez, los representantes del Banco Agrario afirmaron en la audiencia que ya entregaron el material para la construcción de un Aula Escolar en El Toco y la Secretaria de Gobierno del municipio San Diego informó que ya se encuentra viabilizado el proyecto para la construcción del Pozo Profundo –de donde podrán extraer agua- y que ya se encuentra adjudicada la construcción del aula escolar con el apoyo de la Secretaria de infraestructura de la Gobernación de Cesar.

Esas obras beneficiarán a todos los pobladores de El Toco, pero hay otras medidas en desarrollo de la sentencia que favorecen solo a Robinson De la Cruz y su familia, como la construcción de una vivienda rural para la que el Banco Agrario ya también tiene listos los materiales. Una vez empiece la obra, la vivienda quedará lista en 45 días.

Robinson De la Cruz fue reubicado porque no regresó a la vereda El Toco, en el municipio de San Diego. La casa rural le será construida en la parcela que le fue adjudicada en la vereda La Argentina, del municipio Agua Chica, en el mismo departamento.

La Unidad para las Víctimas ha cumplido el papel de acompañar a las víctimas y de coordinar con las diversas entidades del Estado la realización de las obras ordenadas por las sentencias.