Esta validación, que permitiría el plan de retornos y reubicaciones en estas poblaciones a víctimas desplazadas por el conflicto armado, se hizo en Comité de Justicia Transicional llevado a cabo en Bucaramanga.

Con la presencia de las diferentes entidades que conforman el Sistema Nacional de Reparación y Atención a Víctimas (Snariv), se realizó el Comité de Justicia Transicional de Santander, presidido por el gobernador (e) Manuel Ricardo Sorzano Romero y con la presencia de Luis Alfonso Aparicio Reyes, director territorial en Santander de la Unidad para las Víctimas.

En el inicio del acto se hizo especial mención al hecho histórico de la entrega de armas por parte de las Farc, lo cual representa un momento trascendental para la paz del país.  “Este hecho marca el antes y el después en nuestro país, es cambiar la confrontación bélica por el debate y las palabras, esto nos debe impulsar a toda la sociedad colombiana para contribuir con nuestro grano de arena para consolidar este proceso de paz”, resaltó Luis Alfonso Aparicio.

El Ejército y la Policía Nacional presentaron un completo informe de la situación de seguridad en el departamento y validaron el concepto de Seguridad de 36 municipios: Aguada, Aratoca, Barbosa, Barichara, Cabrera, Carcasí, Cepita, Cerrito, Chima, Chipatá, Simacota, Concepción, Confines, Contratación, Coromoro, Curití, El Guacamayo, Enciso, Galán, Gámbita, Guaca, Guadalupe, Guapotá, Güepsa, Málaga, Mogotes, Oiba, San Gil, Carmen de Chucurí, Betulia, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Bolívar, Peñón, Guavatá y el Playón.

Esta validación del concepto de seguridad, ofrece una confianza a víctimas del conflicto, en especial a quienes están en el plan de retornos y reubicaciones.

Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas se refirió a seguridad que se vive en la región. “Santander es un departamento con una mayor seguridad y creemos que no tenemos los problemas que tienen otros departamentos, creemos que hay más tranquilidad y seguridad, pero existen riesgos y amenazas, como lo manifiesta la Defensoría del Pueblo, y se pueden incrementar en este despliegue de la desmovilización de las Farc de estos territorios”.  Así mismo, enfatizó en la importancia de la protección a los líderes de víctimas amenazados: “no podemos basarnos  exclusivamente en los informes de riesgo y no protegemos para prevenir, vamos a tener una situación de permanente zozobra, nuestro trabajo es un riesgo”.

Además, la Unidad para las Víctimas, brindó a la gobernación de Santander y a los municipios todas las orientaciones para que en el marco de la estrategia de corresponsabilidad (del decreto 2460 de 2015), inicien el ajuste de sus planes de acción territorial y verifiquen los compromisos que se asumieron en el año 2016 y para que las metas del plan de desarrollo estén en armonía con el plan de acción territorial.