Sep
10
2015

Unidad para las Víctimas atiende a víctimas presentes en Puente Aéreo y rechaza contundentemente vías de hecho y utilización de menores

Ante los hechos sucedidos en el aeropuerto de Puente Aéreo (Bogotá), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas quiere mostrar su rechazo contundente a las vías de hecho, a las que califica como “inaceptables” y que en este caso podrían tener connotaciones legales. Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas, aseguró que la utilización de niños en la toma del Puente Aéreo es “inadmisible”, porque “sus derechos son primero”.

Ante los hechos sucedidos en el aeropuerto de Puente Aéreo (Bogotá), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas quiere mostrar su rechazo contundente a las vías de hecho, a las que califica como “inaceptables” y que en este caso podrían tener connotaciones legales. Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas, aseguró que la utilización de niños en la toma del Puente Aéreo es “inadmisible”, porque “sus derechos son primero”.

La Unidad se permite informar que un equipo de trabajo de la entidad ya se encuentra en el lugar para brindar la oportuna atención y orientación a las víctimas del conflicto armado allí presentes. Al respecto, la Unidad para las Víctimas ha ofrecido al conjunto de personas implicadas una jornada de atención, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.

El gobierno tiene a disposición de la ciudadanía múltiples canales para escuchar y dar respuesta a sus peticiones. Existen 130 puntos de atención en Colombia, de los cuales ocho se encuentran en Bogotá y han permitido la atención de 171.214 personas en 2015. Además, hay 13 centros regionales en el país y se ha brindado la oferta institucional en los municipios más alejados a través de cerca de 5.000 jornadas de atención móvil. En total, se han realizado más de 20 millones de atenciones gracias a los canales telefónico, virtual, escrito y presencial.

Para el 1 de agosto de este año, en Bogotá más de 16.200 afectados por el conflicto armado habían recibido su indemnización administrativa, como medida de reparación contemplada en la Ley 1448 de 2011, por un valor superior a los 132.000 millones de pesos. Así mismo, la Unidad para las Víctimas ha invertido más de 165.000 millones en atención humanitaria para víctimas de desplazamiento forzado y alrededor de 1.000 millones para quienes han sufrido otro tipo de hechos victimizantes. Esto, unido al apoyo en subsidiariedad a los entes territoriales, supone una inversión del Gobierno Nacional cercana los 300.000 millones de pesos en Bogotá.

“Estamos pasando del asistencialismo a la inclusión social. Queremos que las personas que tienen carencias graves accedan a la ayuda humanitaria y quienes hayan avanzado más en la ruta de asistencia y atención accedan a más oferta estatal, para que puedan dar el salto a su ciudadanía en pleno”, manifestó este jueves Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas, en referencia al nuevo modelo de entrega de atención humanitaria que permite que las víctimas que la necesitan efectivamente accedan a ella.

“Estamos caracterizando a la población para saber cómo está conformado su hogar, qué necesidades, capacidades y potencialidades tienen. En Bogotá, se le ha aplicado el plan de atención, asistencia y reparación integral a unas 700.000 personas en los últimos tres años, porque el objetivo es que quien más necesite la ayuda, la reciba”, añadió la funcionaria.

Gaviria explicó además que se han asignado 50.000 viviendas para población desplazada. “En Bogotá, por ejemplo, el mes pasado tuvimos un proceso de documentación con 160 familias que recibieron vivienda en la Plaza de la Hoja y a las que se les va a entregar la indemnización administrativa”, indicó. Como este, existen varios proyectos más en marcha actualmente. 

La Unidad para las Víctimas reitera una vez más su disposición al diálogo y su compromiso con las víctimas del conflicto armado, a las que ha venido atendiendo de manera decidida, siguiendo los principios de gradualidad y progresividad establecidos por la Ley 1448 de 2011 y las disposiciones de la Corte Constitucional, en cuanto a la ruta de atención, asistencia y reparación integral.