Actualmente se mantiene el seguimiento y monitoreo tanto de la evolución de las condiciones de orden público del municipio como a la atención brindada a las familias que abandonaron su lugar habitual de residencia.

Desde el pasado 19 de octubre de 2016, alteraciones al orden público en zona rural del municipio Litoral de San Juan causaron la salida masiva de las familias indígenas pertenecientes a la comunidad Unión Wuaimia del Resguardo Santa María de Pángala y de las familias que hacen parte de la comunidad afrocolombiana Munguidó. Desde el momento en que se tuvo conocimiento sobre la emergencia, la Subdirección de prevención y Atención a Emergencias de la Unidad para las Víctimas, dio inicio a la verificación, seguimiento y coordinación de la atención con la entidad territorial, miembros del Snariv local y Ministerio Público.

Ninguna comunidad salió hacia la cabecera municipal ya que buscaron refugio en otras comunidades ubicadas en zonas aledañas. De acuerdo a lo anterior, se programó una misión humanitaria de verificación llevada a cabo por la Unidad para las Víctimas con el acompañamiento de la administración municipal y la Defensoría del Pueblo entre el 23 y el 26 de octubre. Esta misión abarcó las zonas expulsoras y receptoras, en las cuales se pudo constatar el estado de las familias y se coordinaron intervenciones a favor de las mismas.

En materia de atención inmediata, la administración municipal envío algunos implementos para mejorar las condiciones de hábitat además de alimentos perecederos. También fue posible conocer que la Cruz Roja adelantó brigadas de salud en las comunidades afectadas, ya que en la zona también se reportan inundaciones asociadas a la emergencia invernal registrada en algunas zonas del departamento del Chocó.

La Unidad para las Víctimas, por solicitud del ente territorial, envió ayuda humanitaria compuesta por alimentos, implementos de aseo para las dos comunidades y de albergue para la comunidad indígena que aún se encuentra fuera de su territorio ancestral.

Actualmente se mantiene el seguimiento y monitoreo tanto de la evolución de las condiciones de orden público del municipio como a la atención brindada a las familias que abandonaron su lugar habitual de residencia.