El director de la Unidad para las Víctimas les dio a conocer a los representantes a la Cámara de la Comisión Segunda, las acciones adoptadas por la entidad para atender a esta población afectada por el conflicto.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, durante el debate de control político citado por la Comisión Segunda de la Cámara dio a conocer que “actualmente en el Registro Único de Víctimas (RUV) con corte al 1 de septiembre de 2020, se encuentran incluidas 8.210 víctimas directas por el hecho de Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Actividades Relacionadas con Grupos Armados”. 

De acuerdo con la información contenida en el RUV, con corte al 1 de septiembre de 2020, se encuentran incluidas 2.215.022 víctimas menores de edad por el hecho de desplazamiento forzado; en la siguiente tabla se presentan las cifras de víctimas por departamento de ubicación, siendo Antioquia (16.4 %), Valle del Cauca (6 %), Bolívar (4.8 %), Nariño (4.6 %) y Cesar (4.3 %) los departamentos donde se ubica la mayor cantidad.  

El funcionario dio a conocer a esta célula legislativa, con corte al 30 de septiembre del año en curso, que hay 3.899 Niños, Niñas y Adolescentes que cuentan con medida de indemnización administrativa, cuyo estado es: “Cobrado 2.861, reintegrado 820, encargo fiduciario 139, en banco 51, abonado 14, en resolución siete, en bancarización cinco, y dos en revisión”.   

En lo que tiene que ver con la atención y ayuda humanitaria entregada a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el RUV, incluidos por el hecho de Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados y por desplazamiento forzado, “desde el año 2015 al 2020, se han efectuado 2.368.419 giros por un valor de $ 1.807.569.715.000”, según lo informado por el director de la entidad.    

En cuanto a otras medidas de reparación que hacen parte de la reparación integral, Ramón Rodríguez dio a conocer que se han “desarrollado e implementado estrategias para responder a la identificación y abordaje de acciones reparadoras a los daños morales y psicosociales particulares al hecho de reclutamiento forzado, uso y utilización de menores por parte de actores armados ilegales”.   

De igual forma, el director de la Unidad dijo que ha “venido trabajando de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), generando la Mesa Nacional de Desvinculados en el 2019, con el fin de concentrar acciones en pro de la población desvinculada que atendemos en las tres entidades y que aporten también a la mitigación del reclutamiento”.   

“Es importante mencionar que desde el año 2019, se viene realizando un trabajo de articulación institucional entre el Departamento de Prosperidad Social, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de coordinar una estrategia desde el sector de la inclusión social contra el reclutamiento y otras formas de violencia contra la niñez”, añadió el funcionario.   

Finalmente, Ramón Rodríguez les aclaró a los representantes a la Cámara que “aunque se tenía previsto iniciar una implementación de la misma estrategia mencionada durante el 2020, ha tenido que ser pospuesta por todo el tema de salud pública que estamos atravesando en el país actualmente, sin embargo, como entidades del sector de la inclusión social, nos encontramos comprometidos para dar continuidad a esta propuesta y poder materializarla en el 2021”.   

(Fin/DFM/CMC/LMY)