La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica) y la Unidad para las víctimas desarrollan el “Proyecto para la inclusión social de las víctimas del conflicto con discapacidad”. En el cuarto comité directivo realizado en Bogotá, compartieron los avances e impactos de este en los territorios priorizados para su implementación.

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (Jica) y la Unidad para las víctimas desarrollan el “Proyecto para la inclusión social de las víctimas del conflicto con discapacidad”.

Este jueves, el Embajador de Japón en Colombia, Keiichiro Morishita; el representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, Satoshi Murosawa; la directora de gestión interinstitucional de la Unidad, Ana María Almario; el coordinador del grupo de cooperación internacional de la Unidad, Nicolás Fernández de Soto; el coordinador del grupo de enfoques diferenciales y de género, Leonardo Montenegro; representantes de los ministerios de salud, educación, trabajo y del interior, la Agencia Presidencial de Cooperación –APC Colombia y Descontamina Colombia, junto con los alcaldes o delegados de las alcaldías de Granada y Marinilla (Antioquia), Lebrija y Puerto Wilches (Santander) y la Gobernación de Santander se reunieron para compartir los logros y avances del proyecto, que se encuentra en la segunda etapa de implementación en los territorios priorizados.

El objetivo de este proyecto de cooperación internacional es diseñar y promover una estrategia de inclusión social para las víctimas con discapacidad y el entorno que las rodea, mediante procesos de empoderamiento, comprensión sobre la discapacidad y mejoramiento de los servicios en salud, educación y trabajo.

La primera fase de implementación se realizó entre marzo de 2015 y marzo del 2018, y la segunda se viene desarrollando entre abril de 2018 hasta diciembre de 2019.

El Gobierno de Japón brinda la asistencia técnica y la Unidad trabaja como coordinadora del sistema, articulando las acciones con las entidades socias del proyecto. En su rol de implementación, la Unidad se encuentra incorporando ajustes en los procesos misionales con el fin de institucionalizar dicha estrategia en la ruta de atención, asistencia y reparación que implementa en el territorio nacional. 

“La cooperación japonesa se encuentra comprometida con el desarrollo de las víctimas y los procesos comunitarios. Hoy conmemoramos 110 años de amistad con Colombia y esperamos seguir contribuyendo con la implementación del acuerdo de paz”, manifestó el embajador de Japón, keiichiro Morishita.

Uno de los principales logros de este proyecto en los municipios de Granada, Marinilla, Lebrija y Puerto Wilches ha sido la vinculación de los núcleos familiares, las instituciones y la comunidad en los procesos y actividades que desarrollan las personas con discapacidad.

“Este proyecto es tan valioso para las personas con discapacidad como para la comunidad en general. En Granada la inversión social ha permitido tener un territorio en paz, esperamos seguir contando con ustedes”, expresó el alcalde del municipio.

Mediante la integración de diferentes sectores se busca fortalecer la capacidad de gestión para atender los requerimientos y particularidades de esta población, así como la definición de una línea pedagógica que les permita tener una inclusión real en el sistema educativo y hacer parte de las cadenas productivas de trabajo en sus municipios. 

En el proyecto se realiza trasferencia de conocimientos y de técnicas mediadas por la consejería entre pares que permiten la recuperación emocional y la toma de conciencia. Es de vital importancia el mejoramiento de la accesibilidad para generar los espacios necesarios que requieran las víctimas con discapacidad en el proceso de inclusión social.

“Dada la importancia que han tenido los resultados del proyecto en la incorporación del enfoque diferencial de discapacidad en la política pública de víctimas y en la política pública de discapacidad, nuestra apuesta en el corto plazo es consolidar las lecciones aprendidas en la articulación de estas dos políticas y, en el mediano plazo, trasformar la estrategia de inclusión social en el programa de protección diferencial a las víctimas del conflicto con discapacidad, que ha sido anteriormente planteado por la Corte Constitucional”, expresó Ana María Almario, de la Unidad para las Víctimas.