La cooperación japonesa y la Unidad para las Víctimas inician nueva fase en el proyecto que adelantan desde 2015 en favor de la población afectada por el conflicto armado y que cuentan con algún tipo de discapacidad.

Con el objetivo de realizar una estrategia de inclusión social para las personas con discapacidad que han sido víctimas del conflicto armado, la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) realizaron el primer comité directivo para aprobar las actividades concretas e indicadores de medición de las mismas en los municipios donde se está haciendo el pilotaje del proyecto.

A esta presentación asistieron Paula Gaviria, directora general de la entidad; Satoshi Murosawa, representante de JICA en Colombia; los alcaldes de los municipios de Granada (Antioquia) y el Carmen de Chucurí (Santander); los representantes de las gobernaciones de estos departamentos; la Embajada del Japón en Colombia y los ministerios de Salud, Educación, Trabajo e Interior.

Durante el encuentro se aprobó la minuta de discusiones que recoge los aportes que, desde las entidades del orden nacional, departamental y municipal, se brindan a las políticas públicas incluyentes y de oferta para las personas con discapacidad.

Los principales objetivos de este proyecto están dirigidos al empoderamiento de los líderes y las personas con discapacidad en los territorios, la toma de conciencia y comprensión de quienes no tienen discapacidad sobre lo que significa ser un sujeto de derechos con discapacidad y la eliminación de barreras en los servicios de salud, educación y vinculación laboral.

Para ello, se llevarán a cabo capacitaciones diferenciales al personal que brinda los servicios en estos sectores y a la comunidad en general, para crear procesos sostenibles que garanticen la verdadera inclusión social de las personas con discapacidad y la superación del asistencialismo.

Este proyecto inició su ejecución en marzo de 2015 y estará vigente hasta el 2020. Actualmente, en el Registro Único de Víctimas existen 246.618 personas que han reportado alguna discapacidad y se espera que las lecciones aprendidas y los resultados del proyecto puedan ser replicables al universo de víctimas con discapacidad.