La Unidad para las Víctimas entregó un reporte de la gestión realizada entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre, en favor de las comunidades afro e indígenas.

Desde que el Gobierno nacional decretó la emergencia económica debido a la pandemia de COVID-19, la Unidad para las Víctimas no ha dejado de atender a las comunidades étnicas en todo el territorio nacional.

En su más reciente balance, la entidad informó que, en el marco del programa de reparación colectiva para comunidades étnicas en los municipios de Montelíbano y Ayapel del departamento de Córdoba, realizó cuatro jornadas de caracterización del daño en los consejos comunitarios asentados en este municipio, las cuales tienen por objeto conocer las afectaciones sufridas por estas poblaciones con ocasión del conflicto armado.

La Unidad también desarrolló la jornada de Validación y Planeación de las medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) del pueblo kisgó, en el Cauca, priorizado por el Auto 266 de 2017. 

Igualmente, en desarrollo de los acuerdos establecidos con la Mesa de Participación de Pueblos Indígenas de Bogotá, la entidad lideró el primero de tres espacios acordados para la socialización de la ruta de indemnización individual y la medida de retornos y reubicaciones, con la participación de los representantes de cinco de los 16 pueblos indígenas asentados en el Distrito Capital.

Espacios de articulación

Del mismo modo, la Unidad convocó a una reunión de articulación y coordinación interinstitucional con el Ministerio del Interior para la instalación de la consulta previa de los consejos comunitarios de María La Baja (Bolívar), en el marco de la ruta de reparación colectiva étnica.

De acuerdo con el informe periódico, la Unidad para las Víctimas también lideró la reunión de coordinación con la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y con el ICBF, para llevar a cabo el seguimiento al Plan de Acompañamiento a nueve personas indígenas pertenecientes al Resguardo Selvas del Lipa, en Arauca, reubicados bajo el esquema de protección conjunto en el municipio de Prado, en el Tolima, atendiendo al Auto 382 de 2010.

Finalmente, la entidad reportó su participación en las sesiones convocadas por la Procuraduría General de la Nación para llevar a cabo el seguimiento de los procesos de atención, retornos y reubicaciones, coordinación SNARIV y reparación colectiva del departamento del Guaviare, y de los procesos de retornos y reubicaciones de la región de la Amazonia. Asimismo, la Unidad participó en la III Sesión Anual de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.

(Fin/LMY)