En Antioquia, esta medición técnica ha logrado la identificación de las condiciones de vida de 187.772 sobrevivientes del conflicto en 118 municipios.

Con el fin de identificar las necesidades de la población afectada por el conflicto armado para garantizar soluciones efectivas a su inclusión social y reparación integral se realiza este mes la caracterización de las víctimas residentes en los municipios antioqueños de Guatapé y Uramita.

Con asistencia técnica de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, las alcaldías y personerías locales llevan a cabo la medición técnica para conocer cuántas víctimas habitan en el territorio y sus condiciones de vida en cuanto a vivienda, salud, educación, empleabilidad, acceso a servicios públicos, entre otras variables.

Con el censo y la información actualizada de esta población se “pueden definir con mayor eficiencia las medidas de reparación, además de los programas y los presupuestos locales, además de los proyectos que se requieren gestionar con el Gobierno Nacional y el departamental para lograr superar las condiciones de vulnerabilidad de esta población afectada por la violencia”, explicó Jorge Mario Alzate, director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia.

Además, destacó que la caracterización ha llegado a las zonas tanto urbanas como rurales y trasciende los periodos de las administraciones de los alcaldes de turno “porque la información actualizada sirve como insumo para los planes de desarrollo municipales ayuda a las entidades locales y el Gobierno Nacional para avanzar en la implementación de la política pública a favor de las víctimas”.

Según el Registro Único de Víctimas, en Guatape 2.745 personas declararon hechos victimizantes, mientras que 5.483 víctimas están registradas en Uramita. En ambos municipios la mayoría de la población afectada por el conflicto corresponde a desplazamientos forzados, seguido de homicidios, desaparición forzada, secuestros, accidentes con minas antipersonal.

La información resultante también sirve como insumo para los planes de acción territorial locales, que se consideran el plan de desarrollo diseñado con la participación efectiva de las víctimas para garantizar sus derechos e inclusión social, cuya implementación es una obligación legal por parte de las alcaldías municipales.

Desde el año 2014, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas apoya y asesora a los municipios colombianos para implementar esta medición del goce efectivo de derechos a su población víctima y así mejorar su inclusión social y las políticas públicas a favor de la reparación.

En Antioquia, este proceso ha logrado la caracterización de cerca de 187.772 víctimas pertenecientes a 53.603 hogares en 118 municipios.

En todo el país han sido caracterizados con el fin de ajustar las políticas de atención y reparación más de 100 mil hogares conformados por más de 500 mil personas que fueron víctimas directas o indirectas del conflicto armado.