Estos esquemas benefician directamente escuelas, salones comunales, escenarios deportivos y hospitales.

La Dirección Territorial Caquetá-Huila de la Unidad para la Víctimas viene haciendo entrega de esquemas especiales de acompañamiento comunitario (EEAC) a grupos que padecieron desplazamiento forzado de Neiva, Palermo, Hobo, Pital, Garzón y Tarqui.

Yhina Paola Lombana López, directora territorial Caquetá-Huila de la Unidad para las Víctimas señaló que en estos municipios del Huila se cuenta con planes de retorno y reubicación aprobados.  

Los EEAC son acciones complementarias en beneficio de la población retornada o reubicada cuyo fin es complementar, armonizar o flexibilizar la oferta o estrategias estatales disponibles para avanzar hacia los procesos de estabilización socioeconómica y de reparación integral de las víctimas.

Inversiones en Garzón y Tarqui

En Garzón, con tres esquemas, se realizó la dotación mobiliaria a la Institución Educativa San Gerardo, sedes las Palmitas y el Batán, en el centro poblado Zuluaga, con una inversión de $51.154.430.

Así mismo, para las instituciones educativas Caguancito y El Mesón, en las veredas San José de la Florida y Caguán, la Unidad realizó una dotación mobiliaria por $51.170.231 y se hizo un aporte para la  caseta comunal de los barrios San Isidro y Los Comuneros, que ascendió a $27.565.450.

En Tarqui, tuvo lugar la dotación de mobiliario para el hospital San Antonio de Padua, que favorece a comunidad urbana de los barrios La Veguita y El Jardín.  

En infraestructura, los beneficiarios recibirán materiales de construcción para la ejecución técnica de obras nuevas o adecuaciones físicas de espacios o inmuebles ya existentes, hasta por $95 millones; en dotación mobiliaria, $50 millones; en dotación de equipos tecnológicos, $30 millones; en implementos de salud, $25 millones; en dotación de implementos culturales, recreativos y deportivos, $30 millones, y en insumos y proyectos agropecuarios, $30 millones.  

Lombana López explicó que la Unidad para las Víctimas, a partir de la entrega, inicia un proceso de seguimiento a la implementación de cada esquema, verificando la ubicación y el correcto funcionamiento de los insumos entregados o la ejecución de la obra civil, de acuerdo con los estudios y diseños del proyecto aprobado, por un periodo mínimo de seis meses.  

(FIN/NILR/COG)