A través de criterios y métodos para priorizar la población susceptible de indemnización administrativa, la entidad trabaja por conservar los principios de progresividad y no regresividad.

Dentro de los avances significativos a lo largo de estos 10 años de la Ley de Víctimas, está el trabajo constante de la Unidad para las Víctimas con el fin de llegar a cada persona con la reparación individual a la que tiene derecho, superando todos los obstáculos financieros que se presentan año a año.

Es por ello que la Unidad viene realizando un esfuerzo para otorgar medidas de reparación de forma equitativa, por lo que implementó un nuevo procedimiento para el reconocimiento y pago de la medida de indemnización administrativa, esto conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 206 de 2017.

Dicho procedimiento se encuentra reglamentado en la Resolución 1049 de 2019; así mismo, se creó una herramienta que ha sido de vital importancia para el trabajo con los más afectados del conflicto, la cual fue llamada Método Técnico de Priorización.

¿Qué es el Método Técnico de Priorización?

Es un conjunto de procesos técnicos que contienen los criterios y lineamientos que debe adoptar la Subdirección de Reparación Individual de la Unidad, la cual los utiliza al determinar la priorización anual del otorgamiento de la indemnización administrativa en aras de brindar una atención efectiva.

A través de dicho proceso técnico se analizan las diversas características de las víctimas de forma objetiva. Esto por medio de variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del hecho victimizante y sobre el avance en la Ruta de Reparación, con el propósito de generar un puntaje que permita establecer el orden más apropiado de entrega de la indemnización administrativa de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. Bien es sabido que dicha herramienta será aplicada en el primer semestre de cada año a aquellas víctimas que hayan recibido una respuesta afirmativa de fondo sobre el derecho a recibir la medida de indemnización.

Dentro de estos avances, también cabe destacar que se optimizó el proceso de la toma de solicitud simplificada al eliminar la solicitud de documentación a las víctimas de secuestro, delitos contra la libertad e integridad sexual, reclutamiento forzado de menores y desplazamiento forzado, permitiendo un mejor acceso a la toma de solicitud de la medida de indemnización administrativa.

En ese sentido, a través de la Resolución 00582 del 26 abril de 2021 se redujo la edad de la ruta prioritaria de 74 a 68 años, esto de acuerdo con el avance en el pago de indemnización administrativa de este grupo poblacional. 

Por otro lado, se han realizado 1.235.018 giros que corresponden a la indemnización (administrativa y judicial) de 1.163.650 víctimas con una inversión de $ 8.198.454.969.136. También es importante mencionar que, a través del Método Técnico aplicado a víctimas que están en la Ruta General, se han entregado 22.502 indemnizaciones administrativas y se han otorgado 227.931 indemnizaciones a víctimas que cumplen los criterios de la Ruta Prioritaria.

Continuando con los logros de estos 10 años, se destaca que, hasta el 30 de abril de 2021 y durante el actual periodo presidencial, 233.504 víctimas han sido indemnizadas a través de 260.485 giros por un valor cercano a los 2,19 billones de pesos.

Por último, vale la pena mencionar a las cerca de 378 mil víctimas beneficiarias del Programa de Acompañamiento en la Inversión de la Indemnización Administrativa a través de diferentes estrategias con enfoque diferencial.

(Fin/PVR/COG/RAM)