El pasado 9 de junio, la entidad entregó cartas de indemnización administrativa por más de 770 millones de pesos, a 137 personas víctimas residentes en Tierralta, Córdoba.

Esta medida de reparación económica busca fortalecer proyectos de vida, debilitados por hechos victimizantes como el abandono, despojo de tierras, amenaza, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, minas antipersonales, secuestro, tortura, reclutamiento forzado, confinamiento, entre otros.

En su mayoría, las personas sobrevivientes beneficiadas son de pertenencia étnica indígena.

“Los recursos entregados servirán para que las familias puedan fortalecer su economía, como lo decimos en las jornadas, no podremos borrar las huellas del conflicto, pero si mejorar las condiciones de vida de los que lo vivieron”, expresó Marcelo Vega, director territorial de la Unidad para las Víctimas en Córdoba, quien acompañó la jornada en el municipio de Tierralta, Córdoba.

Para Alirio Yagarí Yagarí, una de las personas beneficiadas en la jornada, el haber recibido este recurso le ayuda económicamente a su familia y la clave está en hacer una buena inversión: “Decidí, junto a mi esposa, invertir en la mejora de nuestra vivienda y con lo que nos quede, proyectar un buen negocio familiar para que la plata nos rinda y genere ganancias”.

La Unidad para las Víctimas socializó el programa de inversión adecuada de los recursos de indemnización y el enfoque diferencial étnico en el marco del decreto Ley 4633 de 2011.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.