Con una inversión superior a los 702 millones de pesos, la Unidad para las Víctimas entregó a la medida de indemnización administrativa que sufrieron daños por causa del conflicto armado

 

La Unidad para las Víctimas entregó 120 cartas de indemnización a personas sobrevivientes del conflicto armado provenientes de Montelíbano, Córdoba, que hacen parte del Registro Único de Víctimas (RUV). El monto de los pagos a los beneficiarios suma 702.367.240 de pesos, recursos con los cuales se busca aportar a la reparación integral de las víctimas.

El director de la territorial Córdoba de la Unidad para las Víctimas, Marcelo Vega, dijo en su intervención: “Quienes recibieron la indemnización tienen la posibilidad de reconstruir su proyecto de vida, bien sea en la misma actividad truncada por el conflicto armado o en una diferente. Es así como sus historias de dolor pasan a convertirse en lecciones de vida dignas de exaltar; y esperamos, que los recursos hoy recibidos sean usados de forma adecuada”.

La historia de Ana Hilma Ávila, sobreviviente de desplazamiento forzado en el año 2011 en el municipio de Pueblo Nuevo, fue presentada durante la jornada de entrega como muestra de la resiliencia de los sobrevivientes.

Ana contó cómo junto a su hijo, menor de diez años, elabora tapetes coloridos para uso en pisos o asientos de motos. “Este emprendimiento lo manejo con mi hijo *Javier, es quién me ayuda al trazo y corte del retazo. Gracias a la indemnización que hoy recibo por parte de la Unidad podré adquirir una máquina industrial para coser, ampliaré mi taller de confecciones y vincularé laboralmente a otra mujer víctima en mi microempresa”.

La Unidad para las Víctimas destacó que los trámites gratuitos ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediaros. También, es fundamental mantener la confidencialidad de la información relacionada con cada proceso para evitar el accionar de personas inescrupulosas.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.