La Unidad para las Víctimas entregó cartas de indemnización a sobrevivientes de Puerto Libertador
La Unidad para las Víctimas entregó 80 cartas de indemnización administrativa a víctimas del conflicto armado del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, por un valor de 492 millones de pesos. La entrega de estas cartas de indemnización continuará durante el mes de junio.
La jornada de entrega fue organizada por la Unidad para las Víctimas durante el desarrollo de una actividad en Puerto Libertador, Córdoba, en la cual las víctimas, además, recibieron un reconocimiento de dignificación y capacitación para una inversión adecuada de los recursos, el acompañamiento de la Alcaldía municipal y la oferta de entidades como Secretaría de Salud, Banco Agrario, Personería y la Secretaría de Desarrollo Económico.
Las víctimas del conflicto armado que sobrevivieron en su mayoría, al desplazamiento forzado como Angélica Blanco, beneficiaria de la indemnización, quien manifestó estar contenta con la entrega porque en adelante podrá “aportar al estudio de sus tres hijos y terminará de reparar su casa”. Ella hace parte de las 160 familias que fueron obligadas a abandonar su casa y a despojar sus tierras por la disputa del territorio entre varios grupos armados en marzo de 2019, en la vereda Mutatá del corregimiento de Juan José, zona rural del municipio de Puerto Libertador, pese al miedo y la zozobra a cuestas, Blanco logró estabilizarse en la vereda Torno Rojo.
Marcelo Vega, director de la Territorial de la Unidad en Córdoba, puntualizó sobre la responsabilidad de la entidad con los sobrevivientes y enfatizó en la necesidad de llegar a los territorios para atender a las víctimas. Resaltó también sobre la importancia de esta jornada dado que: “Las personas que, durante muchos años, padecieron diferentes hechos victimizantes por causa de la violencia en esta zona del departamento, se les garantiza el restablecimiento de sus derechos constitucionales”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.