El pasado mes la Unidad para las Víctimas convocó en Neiva, Garzón, Pitalito, Huila y Florencia, Caquetá, a personas residentes en estos municipios para hacer efectivo su proceso de reparación económica.

Recursos que ascienden a los 987 millones de pesos fueron asignados en julio a 131 personas víctimas del conflicto en los departamentos de Caquetá y Huila.

La mayoría de las y los beneficiarios hicieron parte de un proceso de priorización por tratarse de personas mayores de 64 años, con discapacidad o enfermedades de tipo catastrófico, como establece la resolución 1049 de 2019 y algunas otras fueron convocadas dentro de la ruta general de indemnización por hechos asociados a desplazamiento forzado, secuestro, reclutamiento, delitos contra la integridad sexual o tortura, a causa del conflicto armado.

Durante las jornadas se brindó asesoría para el acceso a las estrategias de recuperación emocional grupal e individual para mitigar las afectaciones ocasionadas por la violencia, y se desarrolló un momento de orientación para la adecuada inversión del recurso entregado.

En Florencia, Caquetá, hubo espacio para socializar la oferta educativa y de vivienda a cargo de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través del Fondo Emprender.

María Esther Trujillo de Silva de 72 años residente en Florencia y beneficiaria de la actividad, aseguró que: “Llevaba 14 años a la espera de la indemnización, me atendieron muy bien, nos mencionaron que utilizáramos bien esa platica, que no la fuéramos a regalar y que eso era para el bien de nosotros. Yo la voy a utilizar en el mejoramiento de la casa”.

La Unidad para las Víctimas busca orientar de manera integral este proceso y dignificar a los afectados con ocasión del conflicto armado para que la indemnización se invierta en proyectos de largo aliento que permitan mejorar la calidad de vida de las víctimas y que los hechos de violencia no se repitan.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.