Con recursos del Fondo para la Reparación, administrado por la Unidad para las Víctimas, se cumplieron las entregas de indemnizaciones judiciales a personas afectadas por el paramilitarismo, residentes en los 16 municipios del Caquetá.

Estas indemnizaciones son el resultado de una sentencia proferida por un juez de la Ley de Justicia y Paz, y suman $539.846.078, como reparación a 245 personas por los daños ocasionados en el marco del conflicto armado.

El valor del pago de estas indemnizaciones judiciales son el producto de la administración y la comercialización que el Fondo para la Reparación a Víctimas ejerce sobre los bienes que fueron entregados por los postulados condenados de los grupos paramilitares: Libertadores del Sur, Central Bolívar y Mineros.

“La Unidad para las Víctimas a través del Fondo para la Reparación cierra un proceso de pago parcial de indemnizaciones judiciales a víctimas de los bloques paramilitares, en cumplimiento de siete sentencias proferidas y debidamente ejecutoriadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Este proceso lo iniciamos en diciembre de 2022 y hemos hecho un recorrido por diferentes departamentos del país con el fin de entregar a casi 8.000 víctimas de estos tres bloques paramilitares un pago correspondiente a la administración judicial que les fue reconocida en estos fallos”, aseguró Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas durante el acto de cierre de este proceso que se llevó a cabo el pasado miércoles 22 de marzo en Barrancabermeja y que contó con la participación del presidente de la República, Gustavo Petro.

Los giros que se hicieron corresponden al reconocimiento de hechos victimizantes como: homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento forzado, secuestro, entre otros; es la primera vez en la historia del Fondo para la Reparación, que se destinaron recursos propios para reparar a las víctimas.