La entrega fue realizada por la Unidad para las Víctimas en cumplimiento de una medida de restitución de su plan integral de reparación colectiva.

La recuperación de cultivos tradicionales y el fortalecimiento de la economía de las comunidades de San José de Playón, Arroyo Grande y sus veredas motivó a esta población afectada por el conflicto a concertar en su plan integral de reparación colectiva (PIRC) medidas transformadoras que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Los recursos invertidos superaron los 145 millones de pesos y se materializaron en carretas, palas, alambres, bombas de fumigación, fertilizantes, linternas, neveras de poliéster, atarrayas, anzuelos, rastrillos y polisombra, entre otros.

De acuerdo con Gladys Martínez del Toro, miembro del comité de impulso del sujeto de reparación colectiva, “estos insumos serán muy provechosos para nuestros campesinos; son 100 familias más que se benefician”.

Las primeras 100 familias recibieron materiales en el 2020 representados en más de $ 68.155.400 y en el 2021 se hace el cierre de la medida con la entrega de insumos por $145.188.345.

El apoyo a las unidades productivas inició en el 2020 con la entrega de insumos a las primeras 100 familias que hoy producen alimentos de pan coger y distribuyen para su sustento. A este proyecto se suman 100 más que aportarán a la dinámica económica de la zona.

“Tenemos proyectos de ñame, maíz y un proyecto piscícola que llega a fortalecer la economía campesina afectada por el conflicto”, manifestó Sofía Carrasquilla Manjarrez, miembro de la comunidad.

Recursos para la producción agrícola

De acuerdo con lo manifestado por la directora territorial en Bolívar y San Andrés, Miledy Galeano Paz, la Unidad ha aportado un monto aproximado de 400 millones de pesos para dar cumplimiento a esta medida de restitución y se han entregado bienes de uso colectivo.

“En esta comunidad hemos entregado un camión de uso colectivo, los primeros insumos para las unidades productivas y materiales para cerrar esta acción que permitirá impulsar la producción agrícola”.

En el 2018 fue entregado un bien de uso colectivo por valor de $115.830.581. Entre el 2019 y 2020 el convenio firmado entre la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Trabajo y el PNUD permitió sacar adelante los proyectos “Somos rurales” para la construcción de un centro de acopio multipropósito y “Emprendiendo Sueños” donde impulsaron la producción piscícola de tilapia roja.

Estas unidades productivas contarán con el apoyo de la Alcaldía de María La Baja a través de la UMATA, que brindará asistencia técnica y seguimiento a los proyectos.

FIN/PDC/COG