Durante la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020, el director de la entidad aclaró las medidas tomadas para cumplir las metas ante las más de seis millones de personas afectadas por el conflicto que faltan por reparar.

¿Por qué no me ha llegado la indemnización? Es la principal pregunta que hacen las víctimas en el territorio a la entidad encargada de la reparación integral de las personas que sufrieron por causa del conflicto. Una pregunta que en realidad refleja la inquietud que al respecto tienen las más de 9.153.000 víctimas que hay en el país, de las cuales 7.356.000 son sujetos para pago de la indemnización.

Con una cifra tan escalofriante --casi el 20 % de los habitantes del país han sido víctimas del conflicto--, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, ante esta deuda histórica como él mismo califica este hecho, dijo durante la audiencia de rendición de cuentas realizada hoy en Villagarzón (Putumayo), que en el 2020 se había logrado ejecutar el 100 % de los recursos.

“Logramos llegar a 937.00 víctimas con el pago de la indemnización, con más de 116.000 giros, y con el presupuesto más grande en la historia, casi un billón de pesos para cumplirles a las víctimas, lo que nos ha permitido avanzar de forma significativa”, detalló el funcionario, reconociendo que faltan más de seis millones por indemnizar.   

Rodríguez también resaltó en ese gran diálogo con las víctimas que debido a esa responsabilidad la Unidad acató la directriz de la Corte de priorizar los recursos, por lo que se “expidió la Resolución 1049, que beneficia a personas con discapacidad, enfermedades terminales, catastróficas”, y que si bien en principio acogía a las personas mayores de 74 años, en abril de este año se comenzó a priorizar a los mayores de 68, lo que deja la tarea de cumplirles a 120.000 víctimas que se encuentran en este rango de edad.

De esa respuesta obviamente derivó una segunda inquietud planteada por las víctimas: ¿qué pasará con las personas que no cumplen con ese criterio de priorización? Ante esta preocupación, el director expresó que para el 2020 se habían dejado 100.000 millones de pesos para cumplir con la ruta general, con lo cual pudieron llegarles a casi 10.000 personas, y para el 2021 la entidad reservó el 30 por ciento del presupuesto, casi 300.000 millones de pesos, para el pago de indemnizaciones en la ruta general. Añadió también que en este esfuerzo está contemplado cumplirles a las víctimas con enfoque diferencial, a los niñas, niños y adolescentes, que necesita que se les cumpla el pago de los encargos fiduciarios.

Rodríguez también enfatizó en que más allá del pago de la indemnización, también “hay qué pensar en las otras medidas que complementan y hacen parte de la reparación integral”, como lo son la rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición.

Pero si durante la audiencia pública las víctimas buscaron resolver sus inquietudes, también debieron rendir cuentas aquellas que fueron elegidas para las Mesas de Participación, por ese espacio del que disponen para la incidencia en la política pública de víctimas en todo el país.

Ante esta responsabilidad, Blasney Mosquera, representante de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, comentó que, pese a la pandemia, lograron consolidar algunos objetivos como la intervención en el Gran Diálogo en Tiempos del covid con las 32 mesas departamentales, en el que pudieron decirle a la Unidad cómo querían que los atendieran y trataran, requerimientos que según él fueron cumplidos. 

Otro hecho que destacó fue la “participación en la elaboración de los Criterios de Certificación para la calificación los municipios, departamentos y distritos”, en cuanto a la implementación de la Política Pública de Víctimas, la “elaboración del capítulo de víctimas para ser tenido en cuenta en el plan de desarrollo municipal y departamental por ser la carta de navegación que tenemos como víctimas en este proceso”.

Mosquera resaltó, además, los encuentros subregionales en los municipios PDET, “una ventana abierta a lo que fue los Acuerdos de Paz y lo que ataña a las víctimas del conflicto”, y el Gran Diálogo con el Gran SNARIV, una oportunidad para conocer la oferta institucional y cómo acceder a ella.

Otros espacios en el que incidieron como Mesa Nacional fueron el Encuentro de Jóvenes, a nivel departamental, y los encuentros de violencia sexual y de mujeres, a nivel nacional, debido a la participación que tienen los diferentes hechos y enfoques en todo lo concerniente a la política pública, según Mosquera.

Tal vez, uno de los logros más importantes fue que las víctimas propusieron acciones en el protocolo de participación, “algo que no ha sido fácil, debido el rezago histórico que tienen nuestros territorios”, afirmó Mosquera.

Solo espera que para el 202 la pandemia haya pasado, y se pueda “seguir adelante en todos los procesos porque tiempos mejores vendrán para la población víctima en Colombia”.

Fin/EG/COG