Dentro de los logros del 2020, se destaca la entrega de 670.146 giros a 469.531 hogares víctimas de desplazamiento forzado.

El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, expuso el balance de la gestión en materia de atención, asistencia y reparación del 2020, durante la audiencia pública de rendición de cuentas del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación en la que destacó la prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el 2031, y la importancia que tiene para el Gobierno nacional la continuidad de esta ley.

Ante este compromiso, que busca beneficiar a las 9.099.358 personas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas, Rodríguez indicó: “con esta prórroga se busca fortalecer la política pública de víctimas, garantizar la no regresividad en los derechos adquiridos por las víctimas y avanzar en la reparación integral”.

Y para este desafío “el Gobierno avanza en la construcción del Conpes que garantizará el desarrollo de la ley”, añadió.

En materia de atención humanitaria, Rodríguez señaló que en el 2020 la entidad entregó 670.146 giros a 469.531 hogares víctimas de desplazamiento forzado por valor de $ 401.292.672.290, además de entregar ayuda humanitaria, por el mecanismo de montos en dinero, a 4.235 hogares por valor de $5.314.930.990, y por el mecanismo en especie, a 8.584 hogares por $6.344.815.762.

En palabras de Rodríguez, en el marco de la prevención, la Unidad apoyó 53 proyectos de infraestructura social y comunitaria, con una inversión de $7.548.855.711 y 24 proyectos agropecuarios con $1.520.410.958.

En cuanto a la reparación, según el balance, la entidad entregó el año pasado 119.786 indemnizaciones con una inversión que supera el billón de pesos ($ 1.025.112.428.409). “Asimismo, implementamos, en el marco de estos resultados, la ruta de priorización para el acceso a la medida. La naturaleza de la priorización es poder llegar a los que más lo requieren”, puntualizó Rodríguez.

Teniendo en cuenta la recuperación emocional como un elemento fundamental en el proceso de reparación de las víctimas, la Unidad realizó, durante la vigencia 2020 la implementación de la Estrategia de Reparación Integral, garantizando el acceso a las medidas de Rehabilitación Psicosocial, Satisfacción y Garantías de No Repetición a 20.000 víctimas sobrevivientes del conflicto, en sus diferentes protocolos, en más de 300 municipios, de los cuales 115 son municipios PDET.

Reparación colectiva

Con respecto a los colectivos, en el Registro Único de Víctimas hay 792 sujetos de reparación, que representan a comunidades campesinas y barriales, pueblos étnicos, organizaciones, grupos y/o movimientos sociales. “La reparación colectiva es una de las principales acciones de implementación del acuerdo de paz y de las iniciativas en los PDET”, aclara el funcionario. 

En ese sentido, la Unidad para las Víctimas reveló en la audiencia que alcanzó el 100% de cumplimiento en la implementación de las acciones de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (Pirc) con 12 sujetos, entregaron bienes de uso colectivo y apoyaron proyectos agropecuarios y de infraestructura social y comunitaria con 42 sujetos de reparación colectiva, con una inversión de 7.307 millones de pesos.

“De igual forma, durante el 2020, se implementó la medida de indemnización a sujetos étnicos al Sujeto de Reparación Colectiva Santo Madero y al Sujeto de Reparación Colectiva Étnico "Nuevo Espinal", complementó el director de la entidad.

Retornos y Reubicaciones

Ante el deseo de muchas personas de regresar a la región de donde fueron expoliados por la violencia, la Unidad logró que “41.589 víctimas retornaran, se reubicaran o integraran localmente con el acompañamiento de la Unidad; además, se realizó la entrega de los esquemas especiales de acompañamiento familiar, los cuales aportaron a la meta, e implementamos 2.397 esquemas especiales de acompañamiento familiar y 344 de acompañamiento comunitario”.

En estos casos, “el acompañamiento al retorno es fundamental, porque comprende la contribución a la superación de su situación de vulnerabilidad a través de la garantía y promoción de derechos prioritarios como la atención básica en salud, educación, alimentación, identificación, reunificación familiar, orientación ocupacional, vivienda, atención psicosocial y los derechos graduales o progresivos de seguridad alimentaria, ingresos y trabajo”, expresó Rodríguez.

Al final de la audiencia pública, Rodríguez dijo que “en los procesos de retorno es clave trabajar de la mano con los entes territoriales; por eso fortalecemos las estrategias de coordinación con los municipios de manera que las respuestas sean integrales y estables.

Fin EG/COG