La Unidad trabaja de manera constante y ardua para lograr que las víctimas del conflicto recuperen la confianza en la institucionalidad y para que en los territorios se consolide la Paz con Legalidad.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, aseguró que “para el 2035 avanzaremos de manera decidida en la implementación de las acciones necesarias que nos permitan el cierre de los 784 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) y la consolidación de paz en los territorios a través de una efectiva reparación y asistencia a las víctimas del conflicto”.

Para Rodríguez, el programa de reparación colectiva de la Unidad constituye un modelo único frente a los procesos similares de otros países, porque caracteriza los daños que han sufrido las comunidades por el conflicto e implementa acciones para superarlos.

La afirmación fue hecha por el director de la Unidad durante el evento “Colombia 2035 - Dos años de Paz con Legalidad”, organizado por la Alta Consejería para la Estabilización en el que también participó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro.

“Desde agosto de 2018, hasta la fecha, se han implementado 926 acciones contenidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC). 155 sujetos de reparación colectiva, de los 784 incluidos en el Registro Único de Víctimas (RUV) se vieron beneficiados y 68 de estos tienen presencia en municipios PDET”, explicó.

Asimismo, durante los dos últimos años, la entidad entregó dotaciones y bienes de uso colectivo y ha apoyado proyectos productivos y de infraestructura social y comunitaria, beneficiando a 115 comunidades. De igual manera, han sido indemnizados 34 sujetos de reparación colectiva étnicos y 15 de estas indemnizaciones fueron entregadas en municipios PDET.

Por otra parte, 260 sujetos han avanzado en la reconstrucción del tejido social, el restablecimiento de la confianza y el fortalecimiento de la convivencia.

Según el director Rodríguez, “durante el actual gobierno del presidente Iván Duque, 7.140 hogares han sido acompañados a través de la implementación de los planes de retorno y reubicación formulados conjuntamente con las comunidades”.

“A 2035, los retornos y las reubicaciones serán una realidad para las comunidades que tuvieron que desplazarse”, agregó.

Adicionalmente, indicó que un aspecto a destacar es que en este Gobierno se ha logrado afianzar la incorporación del enfoque diferencial y de género en la entidad y en la oferta propia de la misionalidad. “Se han reconocido más de 158.639 indemnizaciones a personas con especial protección constitucional: 38.551 a personas con discapacidad, 8.193 constituciones de encargos fiduciarios, 116.503 para personas mayores, 78.789”, explicó.

El director aseguró que los sujetos de especial protección constitucional seguirán siendo prioridad de la entidad frente a la garantía de sus derechos en la ruta de asistencia y reparación.

“Nuestro objetivo será consolidar escenarios de paz y reconciliación en los territorios. En estos 10 años de prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, avanzaremos significativamente en todos los procesos de reparación tanto individual como colectiva”, anotó  Rodríguez.

“En el 2035, la Unidad espera haber indemnizado por vía administrativa y judicial a todas las víctimas y consolidar no solamente el pago de esta medida, sino sacar adelante los procesos de reparación integral teniendo en cuenta las medidas de rehabilitación, de atención psicosocial, de recuperación emocional, que son muy importantes para toda la población víctima afectada por la violencia y la pobreza”, concluyó.

(Fin/AVA/MPA/DFM/LMY)