La Unidad para las Víctimas llevará a cabo una agenda de trabajo con los rectores de las universidades con asiento en la región, para lograr que las víctimas hagan efectivo su derecho al acceso a la educación.

La Unidad para las Víctimas Territorial Caquetá-Huila, en cabeza de Yhina Paola Lombana López, se reunió con rectores de las universidades e institutos de educación superior que funcionan en este departamento, con el objeto de invitarlos a sumarse en beneficio de las víctimas del conflicto armado y velar por su acceso a la educación. 

La directora territorial dio a conocer que esta propuesta tuvo lugar en el marco de la Mesa Departamental de Educación Superior que se desarrolla periódicamente, para analizar la situación de los jóvenes y sus oportunidades reales de acceso y permanencia en los establecimientos educativos. 

“La idea nuestra es que los jóvenes, víctimas del conflicto, realmente vean el restablecimiento de sus derechos, a través de la garantía de su acceso a la educación superior para desarrollar con éxito su proyecto de vida, por esto vamos a iniciar una agenda de trabajo con cada uno de los rectores de las universidades e institutos locales”, indicó la funcionaria. 

Lombana agregó que la prioridad en estos encuentros con los rectores locales es determinar cuántos cupos se le van a garantizar a la población víctima del conflicto y cuáles son los descuentos con los que efectivamente van a contar en su proceso de admisión y demás requisitos. Lo anterior en el marco de la alianza ente el Ministerio de Educación, el Icetex y la Unidad para las Víctimas. 

La directora recordó que, para los jóvenes del Caquetá, afectados por el conflicto, el crédito del Icetex, condonable en el 100 %, cubre el valor de la matrícula hasta por 11 salarios mínimos legales vigentes por cada semestre. 

Adicionalmente, el Gobierno ha establecido que estos jóvenes cuentan con recursos de sostenimiento de cinco salarios mínimos legales vigentes por semestre, y un recurso de permanencia hasta por un salario mínimo legal vigente por semestre en instituciones de educación superior que desarrollen programas diferenciales y preferenciales con enfoque de reparación integral y que presenten al Ministerio de Educación informes semestrales de permanencia, en los que además conste el promedio académico por estudiante igual o superior a 3.5. 

(Fin/ILR/CMC/LMY)