La Unidad para las Víctimas atiende a ocho comunidades afro, en medio del temor por los enfrentamientos de grupos armados ilegales en el río San Juan.

En medio de la zozobra por los recientes enfrentamientos en el río San Juan, Chocó, identificados por la Defensoría del Pueblo, la Unidad para las Víctimas llega a ocho comunidades ribereñas, en jurisdicción del municipio de Sipí, para atender las situaciones de confinamientos reportadas en la zona en 2022.

En concreto, los habitantes incluidos como víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV), de Barracón, Buenas Brisas, Cañaveral, Chambacú, Charco Hondo, Charco Largo, San Agustín y Barranconcito, reciben esta semana 586 kits alimentarios y de aseo.

En total, representan 33 toneladas de ayudas humanitarias de emergencia que ingresan al territorio, con una inversión de más de 400 millones de pesos. La asistencia responde a afectaciones de 2022 y se hace en el marco de la implementación de la resolución 00171 de 2016, que reconoce el confinamiento como un hecho victimizante diferente al desplazamiento forzado.

Por tanto, el documento insta a la Unidad, en conjunto con otras entidades de orden territorial, a identificar las condiciones del territorio y de las comunidades afectadas por los confinamientos, como también realizar su inscripción en el RUV para, posteriormente, entregar ayudas humanitarias de emergencia para aportar a sus necesidades con un enfoque diferencial.

Tras ese proceso, la atención a situaciones de confinamientos anteriores se da en medio de un nuevo riesgo de confinamiento y desplazamiento para la población afro.

Y si bien la guerrilla que tiene injerencia en el río San Juan desmintió dicha información, argumentando que restringió la movilidad para salvaguardar la vida de civiles en medio de combates con el Clan del Golfo, lo cierto es que la ciudadanía ha manifestado temor por volver a transitar libremente el afluente.

Reportes recogidos por la Unidad para las Víctimas en Sipí en las últimas semanas dan cuenta de la confusión entre las comunidades por cuenta de que existan más enfrentamientos entre ambos grupos armados ilegales y se ha hablado, incluso, de preocupaciones por “un doble paro”. El miedo sigue y también la reducción de la movilidad como medida para velar por su integridad.

Además de la entrega de los kits con alimentos no perecederos y elementos de aseo, la Unidad adelanta este jueves un diálogo cercano con la comunidad de Cañaveral para conocer de primera mano lo que actualmente ocurre con el territorio y los grupos armados ilegales. En la jornada, participan también organizaciones de la comunidad internacional como OCHA, MAPP-OEA, ACNUR, entidades como el ICBF y la arquidiócesis de Quibdó.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.