Se trata de las fincas Mandinga y Marlengo, ubicadas en el municipio de Cáceres.

Esta semana, el Fondo para la Reparación de las Víctimas adelantó visita de inspección a dos predios bajo su administración. Se trata de las fincas Mandinga y Marlengo, ubicadas en el municipio de Cáceres, escenario del reciente paro minero que afectó durante varias semanas el orden público en el Bajo Cauca antioqueño y, en consecuencia, había llevado a postergar esta visita.

Por solicitud del Fondo, la inspección estuvo acompañada de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas, la Alcaldía de Cáceres, la Personería y la Procuraduría.

El Fondo para la Reparación de las Víctimas encontró en Mandinga que, sorpresivamente, se tramitó una licencia ambiental que nunca se le consultó, a pesar de ser el administrador del bien. Evidenció que se ejerce minería con maquinaria, y no artesanal, con excavaciones profundas, que dejan un balance de fuertes daños físicos y ambientales, deterioro del predio y un gran impacto socioambiental que no solo afecta el inmueble sino a toda una comunidad. En Marlengo, también encontró ocupación ilegal de alrededor 1.000 unidades habitacionales para casi 5.000 personas, según datos de la Alcaldía de Cáceres, lo que ha generado una amplia problemática social.

Durante su visita, el Fondo logró reunir a todas las autoridades implicadas y, al no contar con las competencias legales para poder frenar estas actividades, solicitó la intervención del Ministerio de Minas, de la Procuraduría Delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, Secretaría de Ambiente de Antioquia, Policía y del Ejército para poder avanzar en la recuperación de los dos predios. Asimismo, exigió a las autoridades ambientales y mineras la información de trámite de licencias ambientales.

El Fondo para la Reparación de las Víctimas hace un llamado a todas las autoridades competentes para entregar todos los informes sobre lo ocurrido en cada uno de los predios y participar en una mesa conjunta de seguimiento para que, como Estado, se pueda encontrar soluciones integrales en favor de las víctimas, pero también de las comunidades afectadas de Cáceres.