Gracias a la inspección masiva que se realizó en los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia, Antioquia, el Fondo para la Reparación a las Víctimas recuperó el 64% de los bienes que, si bien tenía bajo su administración desde hace 10 años, no ejercía real control sobre ellos.

En una acción sin precedentes, entre el 20 y el 30 de septiembre, funcionarios del Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) realizaron inspecciones masivas en los municipios de Cáceres, Tarazá y Caucasia, en los que cuenta con 93 predios entregados o incautados por la Fiscalía General de la Nación a exparamilitares acogidos dentro de la Ley de Justicia y Paz. Entre estos se encuentran, por ejemplo, 38 bienes ubicados en el Piedemonte del Bajo Cauca Antioqueño, la mayoría provenientes del postulado Carlos Mario Jiménez, conocido como ‘Macaco’ y excomandante del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Varios de los bienes fueron concedidos hace 10 años a esta dependencia de la Unidad para las Víctimas para reparar a las personas que sufrieron hechos victimizantes a manos de los grupos de autodefensas. Algunos cuentan con una extensión que supera las 1.000 hectáreas.

Al llegar al territorio, el Fondo del Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) encontró los predios rurales y urbanos no contaban con una correcta administración institucional, denotando abandono y ocupación irregular. Gracias al trabajo articulado con el Ejército y la Policía Nacional, instancias que suministraron acompañamiento y transporte en helicópteros para llegar hasta las zonas con mayor presencia del Clan del Golfo, el Fondo pudo recuperar la posesión del 64% de los bienes, sobrepasando las barreras de seguridad y de orden público con miras de cumplirles a las víctimas del conflicto armado. Para esto, la fuerza pública caminó más de 15 kilómetros durante siete días con el objetivo de acordonar el lugar y garantizar las condiciones para la inspección.

“Llegar hasta acá es muy importante para el del Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) ya que hace más de 10 años no se llegaba a los predios. Esto permitió que se desarrollen allí muchas actividades donde el Fondo durante todo ese tiempo no había llegado, no había hecho presencia, no había hecho procesos de administración real. Hoy nos llevamos una información para hacer una ruta de intervención a estos predios y que permitan cumplir la misión del Fondo que es monetizar estos bienes para poder reparar a las víctimas de Justicia y Paz”, expresó la coordinadora del Fondo, Giovanna González.

Mientras unas propiedades ya cuentan con caseríos construidos sin haber formalizado contratos de arrendamientos, la mayoría de los predios enfrentan problemas de minería ilegal a gran escala. La búsqueda de oro con retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria pesada ha degradado los terrenos al punto que la actual administración del Fondo se pregunta por la vocación reparadora que podrían tener estos predios.

¿Ahora qué sigue?

Para la coordinadora del Fondo, el siguiente paso es “elevar las acciones correspondientes a la magistratura para que adelante las medidas cautelares sobre estos bienes que se encuentran en estado de deterioro considerable”. Así mismo, González manifestó que llevará la información recogida en la operación a diferentes mesas de trabajo interinstitucional para cotejar las acciones que se deben tomar con relación a las asociaciones que alegan el ejercicio de minería tradicional.

Haber llegado hasta estos predios refleja el compromiso político con las víctimas del paramilitarismo y pone sobre la mesa las condiciones reales de ocupación y explotación de estos predios que durante años no contaron con la debida gestión gubernamental y que ponen al desnudo la necesaria coordinación de todo el Estado para su acceso en este tipo de zonas con situaciones de orden público por parte de actores armados ilegales que operan alrededor de los predios de las víctimas.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.