Así lo dijo el director general de la entidad ante un auditorio de cerca de 40 procuradores judiciales.

Casi medio billón de pesos ha entregado la Unidad para las Víctimas en indemnizaciones judiciales por sentencias de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005).  

Así lo aseguró Ramón Rodríguez Andrade, director de la Unidad para las Víctimas, durante una capacitación en temas de reparación colectiva dirigida a procuradores judiciales.

El funcionario también dijo que se estima en cerca de 3,5 billones de pesos el costo de las 63 sentencias judiciales de la citada ley.  “La Unidad para las Víctimas reitera su compromiso de seguir avanzando hasta lograr la reparación integral de todas las víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz”.

Al hacer referencia a las sentencias de la mencionada ley, Ramón Rodríguez también señaló que en la actualidad hay 122 sujetos de reparación colectiva que han sido reconocidos y con los cuales la Unidad viene trabajando en la implementación de los planes integrales de reparación, que propenden por restablecer los derechos colectivos afectados por el conflicto armado como son el derecho al territorio, a la autodeterminación y el derecho a la identidad cultural.

Sobre la jornada de capacitación, Vladimir Martin Ramos, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad, destacó: “les presentamos a los procuradores judiciales, quienes son los intervinientes en los procesos de justicia y paz, todo el desarrollo, los logros y los asuntos técnicos que deben ser tenidos en cuenta por la magistratura y por los procuradores y que son indispensables para avanzar en los procesos de reparación colectiva”.

Por último, María Eugenia Cárdenas, procuradora delegada en materias penales, destacó que la jornada fue interesante ya que la Ley 975 de 2005 puso en cabeza del Ministerio Público “una importante tarea como es la presentación del daño colectivo en los incidentes de reparación, lo que va de la mano con esas funciones legales y constitucionales que le corresponden a la Procuraduría en lo relacionado con el cuidado, vigilancia y cumplimiento de los derechos de las víctimas”.

(Fin/CMC/COG)