En la primera jornada, el equipo de la Entidad, en cabeza del Director general Ramón Rodríguez, dialogó con los delegados de las mesas de Participación de Valle del Cauca, Huila, Boyacá, Antioquia, Tolima, Chocó, Magdalena, Guainía, Vaupés, Amazonas, Cundinamarca, Atlántico, Guajira, Vichada y Guaviare.

El equipo directivo, y los directores misionales y territoriales de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, instalaron este jueves las sesiones virtuales del “Gran diálogo social con las víctimas del conflicto en tiempos de COVID-19”, en las que escucharon las necesidades e inquietudes de cada uno de los miembros de las mesas departamentales de Participación Efectiva de las Víctimas.

En la primera jornada con las mesas de Valle del Cauca, Huila, Boyacá, Antioquia, Tolima, Chocó, Magdalena, Guainía, Vaupés, Amazonas, Cundinamarca, Atlántico, Guajira, Vichada y Guaviare, la entidad dio conocer las acciones que se han implementado desde cada una de sus áreas para atender a las víctimas en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional.

El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, dijo que este tipo de espacios ayudan a que se fortalezcan los canales de diálogo con las víctimas para adoptar las medidas necesarias en el efectivo acompañamiento a esta población: “Este tipo de espacios son muy importes ya que allí logramos escuchar todas las necesidades que tienen las víctimas del conflicto y cómo desde la entidad se pueden dinamizar todos los procesos de atención, asistencia y reparación”.

Durante su intervención con cada una de las mesas de Participación, el director de la entidad anunció que “ingresarán 30.000 millones de pesos como parte de los acuerdos de paz entre Gobierno y las Farc para reparar a las víctimas del conflicto. Estos recursos van dirigidos principalmente a la Reparación Colectiva, eso nos ayuda a sumar para implementar acciones en los 738 sujetos que ya tienen un plan definido”.

Otro de los anuncios tiene que ver con el pago de las indemnizaciones. “Una de las necesidades planteadas en la reunión con las mesas departamentales es avanzar en la ruta general y antes de finalizar esta vigencia se destinarán unos recursos no solamente para esos tres criterios que están en la resolución 1049, sino también poder avanzar en la ruta general. Allí vamos a indemnizar a las víctimas que cumplen con los requisitos que no tienen discapacidad, que no padecen una enfermedad catastróficas o terminales, ni son adultos mayores de 74 años”, explicó el director.

Rodríguez Andrade también anunció que la entidad gestionó la bancarización de aproximadamente 18.000 víctimas del conflicto “para que los recursos de pago de las indemnizaciones le lleguen directamente a una cuenta que se les creó con unas condiciones favorables”.

Y agregó que el “día que las víctimas no quieran tener más las cuenta la cancelan, pero esta era la única forma en la podíamos llegar de manera segura con estos recursos y con estrategia más la campaña antifraude que tenemos en la Unidad evitamos que las personas sean víctimas de los tramitadores”.

De otra parte, el director reveló que la “Cruz Roja Internacional le entregará a la entidad equipos de bioseguridad para que los funcionarios se equipen y se puedan abrir los puntos de atención y los centros regionales en las zonas que no registren casos de COVID-19, los más importante es no poner en riesgo a los funcionarios y a las víctimas”.

El funcionario anunció que bajo el mecanismo de concurrencia “la Unidad para las Víctimas va a apoyar una jornada más, para que las mesas de Participación Efectiva de las Víctimas departamentales aprueben el Plan de Acción Territorial”. “Necesitamos que la Mesa nos haga la solicitud, justificando por qué se adelanta la reunión de la Mesa y nosotros estaríamos prestos para apoyar bajo este mecanismo una realización de una mesa máximo de dos días para que avancemos en todo lo relacionado con el tema de la política pública de atención a víctimas”, explicó.

Durante estos encuentros virtuales, la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa Mayorga, les contó a los sobrevivientes del conflicto cómo se ha avanzado en lo relacionado con los municipios PDET en materia de reparación colectiva, psicosocial, retornos y reubicaciones en estos 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

En cuanto a los recursos de las indemnizaciones administrativas, la subdirectora general explicó que estos estarán disponibles hasta el 31 de agosto para su cobro, teniendo en cuenta las dificultades por el aislamiento preventivo: “A las víctimas que no puedan ir a cobrar en los próximos días, no se les va a devolver su giro y estará disponible hasta esa 31 de agosto para que se acerquen al Banco Agrario”.

Finalmente, a cada una de las mesas de departamentales, la subdirectora de la entidad les contó que pese a que la “Corte ya prorrogó la ley 1448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) la Unidad para las Víctimas está apoyando el proyecto que se encuentra en trámite en el Congreso de la República y junto con las propuestas de las víctimas a través de los legisladores se busca que esta nueva normatividad beneficie de la mejor manera a todas las víctimas”.

(Fin/DFM/LMY)