Con el propósito de generar oportunidades para las víctimas en este departamento, la Unidad genera espacios de acercamiento con los nuevos mandatarios.

Durante tres días, la Unidad para las Víctimas en Antioquia realiza un encuentro con los nuevos mandatarios y sus equipos de trabajo, con el fin de enfatizar en la política pública de víctimas para que esta sea tenida en cuenta en sus nuevas administraciones en la construcción de sus planes de desarrollo territorial.

En Medellín, en el Hotel Nutibara se desarrollaron las charlas en las que los funcionarios de la entidad ilustraron los diferentes proceso y procedimientos en cada componente de la ley 1448 para ser tenido en cuenta y la importancia para el cumplimiento de los indicadores de gestión durante este cuatrienio.

Julián Baseur, funcionario del municipio de El Carmen de Viboral dijo que “es importante que los municipios podamos recibir estas herramientas con el fin de que en las nuevas administraciones podamos implementar las líneas, las estrategias y los programas que tienen que ver con víctimas de acuerdo con lo que la Ley 1448 establece”.

Por su parte Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, se refirió a este encuentro: “Son la oportunidad para que los nuevos mandatarios y sus equipos de gobierno conozcan la entidad y el cómo podemos trabajar en equipo en favor de la población víctima”.

El funcionario destacó también que “dentro de la Ley 1448 hay una corresponsabilidad para los entes territoriales en la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, por ello articulamos con quienes apenas llegan a las administraciones municipales para que integren los proyectos y programas en sus planes de desarrollo”.

En Antioquia más de 250.000 víctimas han sido indemnizadas con recursos por valor de 1,6 billones de pesos.

En total, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha invertido 12 billones de pesos en Colombia (2,8 billones en Antioquia) para la reparación individual, ayuda humanitaria y de emergencias, proyectos de infraestructura comunitaria y apoyo subsidiario a los entes territoriales para la atención a la población afectada por el conflicto.

(Fin/SMC/LMY)