Durante este año se realizó el cierre de cinco Planes de Reparación Colectiva y se llevó a cabo la indemnización a siete colectivos étnicos.

Durante 2018, se incrementó en 172% la implementación de acciones contempladas en los Planes de Reparación Colectiva (PIRC) en el país con respecto a 2017. Además, se logró hacer el cierre completo de cinco de esos planes, y realizar indemnización a siete colectivos étnicos del territorio nacional.

“Es un balance muy positivo que ha sido posible por el trabajo articulado entre las comunidades, el Estado y la cooperación”, expresó Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, durante un encuentro con representantes de organismos de cooperación internacional y de algunos sujetos de reparación colectiva del país.

Durante 2018, “implementamos 560 acciones de los planes de reparación colectiva dirigidas a reparar los daños colectivos ocasionados en el marco del conflicto armado”, indicó Juliana Melo, Directora de Reparación de la Unidad para las Víctimas, quien resaltó el compromiso de los comités de impulso y de los organismos de cooperación internacional para llevar a cabo ese propósito.

A la fecha, el 48% los más de 600 sujetos de reparación colectiva cuentan con más del 50% del avance en la implementación de sus planes de reparación, y el 25% de las acciones contenidas en todos los planes aprobados están implementadas.

“Me alegró muchísimo escuchar este resultado y conocer las experiencias de empoderamiento, los avances en reconstrucción del tejido social y rehabilitación económica en los territorios”, indicó Alice Beccaro, coordinadora del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la Paz. “El trabajo que está haciendo la Unidad para las Víctimas, con el apoyo de las agencias de cooperación, ha sido fundamental”, señaló.

Un ejemplo de transformación

Seis masacres, cinco desplazamientos, 508 víctimas. Ese era el balance que hasta hace unos años podía hacer la población de Pueblo Bello (Antioquia). Ahora hablan de exportaciones y ruedas de negocios… Se tienen confianza y la han logrado también con el Estado.

“Hoy somos una comunidad transformada. No confiábamos ni en nuestras parejas porque en medio del conflicto teníamos que tomar partido”, dijo Ramón García, líder del comité de impulso del proceso de reparación colectiva de su pueblo, enclavado en límites de Antioquia, Córdoba y Chocó.

Mientras él relataba esa transformación frente a representantes de organismos de cooperación internacional en el Hotel Tequendama, los demás miembros del comité de impulso de Pueblo Bello estaban empacando 18 toneladas de plátano para vender en Corabastos, el distribuidor de alimentos más grande del país.

El de ese municipio antioqueño es ejemplo de lo que se puede hacer cuando se trabaja en conjunto entre la comunidad, el Estado y la cooperación internacional.

También lo es el de la Finca La Esperanza, en Maicao, donde “los malos tiempos ya pasaron. La Unidad para las Víctimas ha estado cumpliéndole al pueblo wayúu y ahora sentimos la solidaridad y estamos empoderados”, de acuerdo con Anuar Ávila, representante legal de la Organización Indígena Sujut Wayuu, que significa ‘valor wayúu’.

Durante el balance de las estrategias de reparación de la Unidad para las Víctimas durante 2018, Anuar hizo un llamado a los organismos de cooperación “para que este acompañamiento se mantenga”.

Frente a los retos para 2019, el director de la Unidad señaló que la reparación seguirá siendo uno de los principales frentes de acción. “Seguir fortaleciendo la implementación de los planes y potenciar ese avance en la ruta de reparación colectiva”, son nuestros compromisos.

La meta es aprobar o protocolizar 60 nuevos Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), y darle cierre a otros 30.