En subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición en Marpirpán (Meta) se buscó la articulación de acciones para evitar la comercialización de las ayudas alimentarias entregadas a comunidades indígenas.

La Unidad para las Víctimas participó en el subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición en Mapiripán, con el objetivo de iniciar el seguimiento al plan de contingencia del municipio, cuyo instrumento es la herramienta técnica que responde en la inmediatez a la atención de emergencias humanitarias en el marco del conflicto armado, de acuerdo con los lineamientos de la guía metodológica diseñados por el Gobierno Nacional.

En dicho subcomité se pidió apoyo a las entidades asistentes para la  actualización de los protocolos de actuación y rutas de atención establecidas frente a estos hechos, especialmente la ruta de amenazas contra algunos líderes y lideresas de sectores sociales, incluidos los de las víctimas, que se han presentado en los últimos días. Todo esto, atendiendo las recomendaciones de la alerta temprana 065 emitida por la Defensoría del Pueblo.

“Una de las situaciones que más nos preocupa en la Unidad es el hecho de que algunos indígenas asentados en el territorio conocido como Zaragozas y en otros asentamientos del Meta, están vendiendo o intercambiando los productos alimentarios a propietarios de tiendas u otras personas del sector. Eso está totalmente prohibido”, señaló Vilma Roa Santos, profesional de la entidad, respecto a la ayuda humanitaria que entrega la Unidad a los pueblos jiw, según orden dada mediante Auto 173.

“Hemos pedido apoyo a las entidades del municipio, especialmente a la Policía Nacional y a el Ejército Nacional, para adelantar acciones de control frente a estas situaciones, ya que estos recursos están destinados única y exclusivamente para el consumo y pervivencia de las familias iiw reubicadas en estas zonas del departamento y no para uso comercial”.

Por su parte Carlos Pardo Alezones, director territorial para Meta y Llanos orientales de la Unidad para las Víctimas, expresó su rechazo e invitó a la comunidad  a realizar las denuncias pertinentes frente a estos casos. “Son recursos destinados con el único fin de asegurar la adecuada nutrición de estas comunidades indígenas que han sido tan afectadas por el conflicto armado y con quienes se viene adelantando acciones que buscan asegurar su calidad de vida y el reconocimiento de sus derechos. La venta o intercambio de ayudas alimentarias destinadas a las víctimas está totalmente prohibida”.