Como resultado de este destacado trabajo de articulación institucional se documentaron técnicamente 109 casos de víctimas de desaparición forzada con ocasión y en razón al conflicto armado en este municipio.

La Unidad para las Víctimas participó en la jornada de atención a familiares víctimas de desaparición forzada que se realizó del 26 al 31 de agosto en el municipio de Calamar, municipio localizado a 80 kilómetros de la capital del Guaviare.

Esta jornada interinstitucional tenía como objetivo activar y movilizar acciones tendientes a la búsqueda, ubicación e identificación de víctimas de desaparición forzada en el contexto y razón del conflicto armado.

Paola Pitalúa, profesional de la Unidad en el Guaviare, manifestó que “esta jornada hacia parte de las acciones y acuerdos producto de la última reunión de la Mesa Interinstitucional de Atención a Víctimas de Desaparición Forzada Nivel Nacional (con presencia de la Fiscalía General de la Nación, en Instituto Nacional de Medicina Legal, Organizaciones de Víctimas y de Derechos Humanos), con quienes también se adelantó la jornada de formación a validadores o líderes comunitarios en este mismo municipio, el día 26 y 27 de abril del presente año”.

Por su parte el director territorial para Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas, Carlos Pardo Alezones, resaltó que “el Estado busca brindar un acompañamiento integral a las familias víctimas de Desaparición Forzada, desde la competencia de cada entidad para la asistencia, atención, rehabilitación, acompañamiento, investigación y demás derechos en el marco de la búsqueda de los desaparecidos que en el Guaviare superan los 4.000 en el Registro Único de Víctimas”.

El Instituto Nacional de Medicina Legal adelantó por su parte la realización y complemento de entrevistas con fines de identificación en el Registro Nacional de Desaparecidos RND y la toma de muestras biológicas a familiares con fines de identificación; la Defensoría del Pueblo realizó la toma de declaraciones y orientación en el proceso de reparación integral; la Fiscalía registró todo lo relacionado con denuncia, registro hechos, orientación de casos y registro de información sobre posibles lugares de enterramiento; y la Unidad para las Víctimas orientó a los familiares víctimas sobre su estado en el RUV, documentación de casos, socializando las medidas de asistencia, con el acompañamiento psicosocial en los diferentes espacios.

Como resultado de este destacado trabajo de articulación institucional se documentaron técnicamente 109 casos de víctimas de desaparición forzada con ocasión y en razón al conflicto armado.

El proceso contó con el apoyo de la Embajada de Países Bajos en Colombia, el Centro Internacional para la Justicia Transicional que es una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la justicia en periodos de transición, la Corporación colectivo socio jurídico Orlando Fals Borda y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).