En una jornada de varios días en tres municipios, 580 víctimas de la sentencia de Justicia y Paz del Tribunal del año 2015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo, fueron indemnizadas con recursos por valor de 8.100 millones de pesos.

Recursos por valor de 8.100 millones de pesos fueron entregados a 580 víctimas del bloque Mineros de las Autodefensas, quienes recibieron la indemnización económica en cumplimiento de la sentencia judicial de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín del año 2015 contra el postulado Ramiro Vanoy Murillo.

Durante la notificación de la entrega de estos recursos se realizaron actos simbólicos en los que las víctimas encendieron una luz en señal de reconciliación y en memoria de sus seres queridos que fallecieron.

Fueron cinco días en los que los funcionarios de la Unidad para las Víctimas explicaron al grupo de sobrevivientes lo concerniente a la sentencia y lo estipulado por el juez para este procedimiento. El primer grupo fue atendido en Santa Fe de Antioquia, luego en el municipio de Peque y finalmente en la ciudad de Medellín.

Para Luz Amparo Pozo y su hijo Diego Pozo, beneficiados con este recurso y víctimas de los paramilitares, la vida no les fue nada fácil debido a que miembros de ese grupo ilegal entraron a su vereda en el 2001, les tocó abandonar su casa y dejar lo poco que tenían. “A mi esposo le tocó esconderse varios días por temor a que mataran o a que lo reclutaran para irse a la guerra”, relató Luz Amparo.

“Hoy nos sentimos muy contentos, con este dinero podré terminar mis estudios, quiero estudiar ingeniería de sistemas, y como familia vamos a invertir en el negocio, ya tenemos una tienda y queremos convertirlo en un supermercado, dijo Diego, hijo mayor de la familia.

En la sentencia proferida se examinan los patrones de macrocriminalidad y macrovictimización ejecutados por este bloque paramilitar y se analizan los cargos presentados por la Fiscalía en 236 hechos que afectaron a más de 8.000 víctimas. Así mismo, en la decisión se abordan diferentes hechos de connotación entre los que se encuentran la incursión al corregimiento de Santa Rita (Ituango) y masacres como la de El Alto (Puerto Valdivia), Discoteca Tayrona (Valdivia), y El Cedral (Vereda El Cedral de Ituango).

Para Jorge Mario Alzate Maldonado, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, dijo que “es gratificante hacer parte de este proceso de reparación a las víctimas que hoy reciben una compensación a ese daño que el conflicto les causó. Colombia es el único país que inició la reparación a las víctimas en medio del conflicto y que le ha cumplido a estas”.

El funcionario adelantó también que “los funcionarios de la Unidad para las víctimas realizan una orientación personalizada a las víctimas con el fin de que estos entiendan la importancia de que estos recursos que el Gobierno nacional les entrega los puedan invertir de la mejor manera en mejoramiento de vivienda, proyectos productivos o educación superior mejorando así su futuro y el de su familia”.